De todas las reformas que requiere con urgencia el Sistema Nacional de Salud (SNS), hay tres que deberían acometerse con absoluta prioridad sobre las demás y, si me apuran, una de ellas merecería preponderancia sobre las otras dos. Se trata de la reforma de la financiación sanitaria y, a renglón seguido, la del Consejo Interterritorial y la del Estatuto Marco. Demandar una reforma urgente del modelo que nutre de fondos al SNS no constituye gran novedad, pero llevarla a término es otro cantar. Al calor de la apuesta por la singularidad que le exigen sus socios catalanes para esta comunidad autónoma, al Gobierno se le abre una ocasión de oro para dibujar un nuevo escenario financiero para el conjunto del país que vaya acompañado de una buena dotación de fondos para el sistema sanitario con carácter de permanencia en el tiempo.
¿Podría oponerse alguna autonomía a un trato especial para una comunidad si la partida que genera más gasto en la España autonómica recibiera al mismo tiempo la gran inyección de liquidez que pide a gritos? Seguro que sí, pero el grado de presión hacia Pedro Sánchez y María Jesús Montero disminuiría notablemente con esta aportación extraordinaria. ¿Es tan complejo de articular este nuevo sistema? No, basta solo con voluntad política de hacerlo, tener conciencia de su imperiosa necesidad, disponer de liquidez suficiente, fijar un porcentaje del PIB que no fuera inferior al 8%, decidir las partidas que perderían peso en favor de la Sanidad en el presupuesto global y proceder al reparto teniendo en cuenta elementos de ponderación por todos conocidos como la atención a los desplazados, el nivel de envejecimiento y de dispersión poblacional, la insularidad o la posesión de centros de referencia que atraen a pacientes de otras regiones.
Naturalmente, este modelo habría de ser fijado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero el Consejo Interterritorial, que a la postre es el máximo órgano de coordinación sanitaria del conjunto del Estado, debería tener voz y si me apuran voto en el resultado de la decisión final. De ahí que la reforma de este ente coordinador deba ir ligada a la anterior, al igual que la del Estatuto Marco, pues no cabe un aporte extraordinario de fondos sin un cambio normativo que aminore las diferencias salariales entre profesionales de distintas comunidades evitando la competencia insana, o que introduzca elementos de retribución flexible en función de la productividad y otros parámetros como el cumplimiento de objetivos.
La necesidad de un nuevo modelo financiero sanitario es, con todo, el eje sobre el que deben pivotar las demás transformaciones. El sistema no da más de sí, y las informaciones que se han hecho públicas en las últimas semanas lo acreditan, con fármacos que acumulan retrasos de más de mil días y listas de espera disparatadas en el conjunto del país.
Autor Sergio Alonso
Fundador y director del suplemento A tu salud del diario LA RAZÓN