A juicio de todos los economistas de la salud, básicamente son dos los factores decisivos que permiten que la Sanidad mejore su funcionamiento y, a la postre, proporcione un óptimo servicio a los ciudadanos: la gestión y la financiación. El régimen funcionarial que rige el Sistema Nacional de Salud impide convertir al primero en palanca de cambio de todo gran proyecto de reforma sanitaria en España. Más allá de la eliminación de alguna de las bolsas actuales de ineficiencia, algo que es posible, la rigidez del Estatuto Marco y la normativa casi feudal que impera atan de pies y manos a los gerentes, constriñen a los profesionales y someten a los pacientes a procesos kafkianos en los que una intervención quirúrgica se convierte en la menor de las molestias causadas.
Dada la fuerza de los sindicatos, la estulticia de los partidos, el miedo escénico de las consejerías y la fuerza inusitada de una tendencia política que menosprecia la gestión privada de los recursos públicos, puede afirmarse que la gestión no jugará papel alguno en el lavado de cara que necesita el sistema. El otro gran factor del que debería echar mano la Sanidad para renovar su cara después de permanecer durante años sumida en la autocomplacencia es la financiación. Tampoco espere nadie aquí milagro alguno. Pese a las proclamas efectuadas en campaña por el PSOE y por sus socios de Unidas Podemos, la realidad es que la Sanidad seguirá recibiendo el mismo dinero que con los gobiernos de derechas para seguir prestando su actividad: poco.
La actualización del Programa de Estabilidad para el periodo 2019-2022 enviada por el Gobierno en funciones a Bruselas no deja lugar a duda: el gasto sanitario ascenderá entre 2019 y 2021 a un pírrico 6% del PIB. Se trata exactamente del mismo porcentaje registrado en la época de Rajoy, con la diferencia de que entonces España se encontraba prácticamente en quiebra y no había recursos de los que echar mano para sofocar los fuegos sanitarios, y ahora no, pues el país crecerá a un ritmo superior al 1,5% los próximos ejercicios. Las otras diferencias son que la población está ahora más envejecida que antes y, por tanto, consume más recursos, y que han llegado al mercado productos revolucionarios que antes no existían, pero mucho más caros.
El ejemplo son las nuevas terapias Car-T contra algunos tipos de tumores. El Ejecutivo de Sánchez fía, eso sí, la posibilidad de ganar eficiencia a un etéreo nuevo acuerdo de financiación territorial que aún está en mantillas y a medidas de ahorro farmacéutico de las que, la mayoría, ya están en marcha. ¿Puede sostenerse más tiempo la Sanidad con un 6% del PIB? Sí, pero con salarios bajos para los profesionales, obstáculos a la llegada de nuevas moléculas y tecnología, y unas listas de espera gigantescas. Esto es lo que hay.
PREGUNTAS CON RESPUESTA
¿Qué pretende el Gobierno con la “revisión de oficio” de los precios de medicamentos que se dispensan en farmacias para algunas patologías crónicas?
¿Qué exdirectivo de la industria farmacéutica trata de mediar ahora en una organización asentada en Barcelona en la que se suceden las luchas cainitas entre sus miembros?
¿Qué herederos han paralizado todo gasto nuevo en una conocida organización sanitaria para hacerse en un futuro cercano con el legado íntegro que les corresponde?
¿Qué gerente de un hospital catalán tiene muy mala prensa dentro de la propia Generalitat pese a mostrarse abiertamente afín al independentismo?
¿Qué dirigente de una organización ubicada en Madrid es también simpatizante de la causa independentista?
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