2019 no va a traer precisamente buenas noticias para la Sanidad española. De acuerdo con el plan presupuestario enviado por el Gobierno a Bruselas, el Sistema Nacional de Salud (SNS) apenas dispondrá de un 6% del PIB para desplegar su actividad, el mismo porcentaje que en 2018. Algunos dirán que como el próximo año ese PIB previsto será mayor, los recursos del sistema crecerán parejos. Y es cierto. Pero también lo es que los gastos se incrementarán muy por encima del presupuesto, lo que aboca a una conclusión obvia, sorprendentemente silenciada hasta ahora por los autoproclamados defensores del sistema público: la Sanidad tendrá que hacer más con menos dinero, lo que equivale a decir que se producirán importantes tensiones financieras en las autonomías y que la calidad se resentirá.
Aumentarán los gastos, por ejemplo, por el envejecimiento, puesto que la sociedad será un año mayor, provocando un mayor consumo de recursos. También aumentarán los gastos por la obsolescencia de las infraestructuras -harán falta mayores obras de reposición- y por la llegada al mercado de terapias y tecnologías revolucionarias, pero mucho más caras. En 2019 irrumpirán nuevas moléculas y productos biológicos verdaderamente esperanzadores para los enfermos, pero mortíferos para la cartera que manejan los gerentes. El próximo será, además, un año muy duro en materia de capítulo I, ya que los salarios crecerán tras el acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos más de lo que lo han hecho en ejercicios precedentes.
Paralelamente, la Sanidad soportará tres sobrecostes adicionales en los que nadie parece reparar. Por un lado, empezarán a suprimirse los copagos. Aunque el Ejecutivo obvió su coste para las arcas públicas en la información remitida a la Comisión Europea, la Autoridad de Responsabilidad Fiscal lo cifra en 300 millones de euros. Por otro lado, va a cometerse la universalización de la asistencia, algo que ya venía ocurriendo de facto pero que llevará aparejado un efecto llamada que incrementará la cuantía de la población protegida. A esto habría que sumar, además, el coste de la “reversión”, una imposición de Podemos al pacto presupuestario alcanzado por el PSOE que cuenta con detractores y simpatizantes dentro de esta última formación.
Sólo en Madrid, convertir automáticamente en públicos hospitales regidos por una gestión privada acarrearía un coste superior a los 1.000 millones. A la vista de todos estos factores, ¿podrá, por ejemplo, Andalucía, con un presupuesto que no llegará a los 1.200 euros por paciente, hacer frente a esta nueva avalancha de gastos? ¿Y Cataluña, que tampoco alcanzará esa cantidad? Parece difícil, por no decir imposible, salvo que se haga a costa de una peor asistencia. La estrechez presupuestaria supondrá un año más un duro golpe para la Sanidad pública y explica la sucesión de movimientos que está protagonizando la privada durante los últimos meses.
PREGUNTAS CON RESPUESTA
¿Qué conocida política sanitaria se encuentra en una difícil posición económica, al tener que hacer frente cada mes a dos hipotecas que rondan los 2.000 euros cada una?
¿En qué terrenos de un antiguo hospital de Madrid proyecta construir un policlínico una conocida empresa del sector sanitario?
¿Qué exviceconsejero de Sanidad de una comunidad de la zona central de España arrastra una pésima imagen por su labor en la Consejería y en otros puestos que ha ocupado?
¿Qué sociedad científica atraviesa una crisis económica brutal por la falta de tirón del presidente y de su junta directiva?
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