Bitácora enfermera

Hace unos días participamos en un debate sobre la desfibrilación externa automatizada (DEA) en la televisión del grupo mediático Sanitaria 2000. Lo curioso del debate es que no fue tal, ya que estábamos acompañados por el Presidente del Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar, el Director de Desarrollo de Negocio de AED de Philips Ibérica y un vocal de la Junta Directiva de Cardioalianza (una asociación de pacientes) y todos estábamos absolutamente de acuerdo en la bondad de los DEA.

 Sin embargo creo que la reunión fue interesante por las opiniones que se vertieron.

Es imposible que nadie esté en contra de la posibilidad de que exista una desfibrilación temprana en nuestro entorno. Esto ya no es discutible, ya que la vasta evidencia científica lo avala además de forma contundente y rotunda. Hay infinidad de estudios mundiales que hablan que una desfibrilación precoz aplicada en los primeros 3 a 5 minutos de una parada cardiorrespiratoria (PCR) en el adulto lleva a unos índices de supervivencia por encima del 50%.

Pero acercándonos más a nuestra realidad podemos decir, sin ánimo a equivocarnos, que si en España hay unas 30.000 muertes al año por PCR podríamos alcanzar tasas de supervivencia en torno al 30 % (9.000 personas/año) simplemente con que los testigos presenciales realizaran unas simples maniobras de soporte vital básico (que pueden ser dirigidas a distancia por los operadores de emergencias de los 112 nacionales) y pudieran desfibrilar al paciente con un DEA, aparato que nos va dando las instrucciones necesarias para su uso.

Esto tiene poca discusión, pero si es así ¿por qué todavía no disponemos de un plan nacional de implantación de los DEA?, sencillamente porque no se ha generado un debate público que lleve a una demanda social que políticamente se convierta en prioritaria y tenga que ser admitida. Actualmente disponemos de una legislación sobre la materia bastante insuficiente casi de declaración de intenciones, contamos con un Real Decreto 365/2009, de 20 de marzo, por el que se establecen las condiciones y requisitos mínimos de seguridad y calidad en la utilización de desfibriladores automáticos y semiautomáticos externos fuera del ámbito sanitario (que incluso en su artículo 6.1 coarta su uso por ciudadanos legos), y varios desarrollos legislativos de diferentes Comunidades Autónomas algunos más acertados que otros.

Por ello sería necesario de forma inminente, recordemos que las PCR siguen produciéndose en España y por tanto su mortalidad asociada sigue dándose, adaptar la legislación a la evidencia científica consultando con los expertos. Esto nos llevaría a una cascada de soluciones a problemas que ahora mismo están estancados y dependen más de iniciativas puntuales de asociaciones, profesionales, medios de comunicación, etc.

Entre ellas se plantearían donde deben ser ubicados estos DEA (lugares de paso de personas, grandes concentraciones de público, instalaciones deportivas, zonas de riesgo, medios de transporte, etc.), su accesibilidad (24 h/365 días, señalética perfectamente identificable con instrucciones de soporte vital básico, alertas automáticas para los servicios de emergencias, etc.), autorización para ser utilizados por cualquier testigo presencial, registro de DEA para conocimiento de los operadores de emergencias y que estos puedan dirigir hacia ellos a los primeros respondientes, planes de formación enfocados a los primeros respondientes profesionales (policías, bomberos, etc.), a los ciudadanos en general, a los niños en edad escolar, en las universidades, en formación profesional, etc. En definitiva realizar un plan nacional e integral de respuesta ante una PCR.

Claro que inmediatamente algunos solo con miras materialistas aparecerán con un gran inconveniente que son los costes que esto tendría más en la época actual que vivimos, pero a estos yo les diría que dejen de mirar de forma miope y cortoplacista y lo miren como una inversión en la que esos presuntos elevados costes se amortizarían a lo largo de los años con las vidas salvadas y secuelas evitadas lo que conllevaría menos hospitalizaciones, menos rehabilitación, menos horas de trabajo perdidas, etc. La salud se debe medir en el largo plazo, más allá de los 4 años de una legislatura. También existen medidas imaginativas que minimizarían estos costes que en tiempos de crisis como los que nos ha tocado vivir se deben potenciar.

Las cifras de las personas que se podrían salvar, anteriormente expuestas, son abrumadoras pero simplemente con que solo salváramos una vida merecería la pena el esfuerzo.