La profesión enfermera ha iniciado una ofensiva institucional sin precedentes para arrancar de una vez por todas de las autoridades lo que en justicia le corresponde y tanto tiempo se le lleva negando en el sector público y en el privado: unas condiciones laborales dignas y el reconocimiento que se merece. La petición no es producto del oportunismo ni de un calentón provocado por un desencuentro negociador esporádico o por la súbita aprobación de una ley arbitraria. Se trata de una antigua demanda que cobró más vigencia que nunca durante la pandemia y que no fue correspondida después, más allá de los calurosos aplausos y las efusivas promesas formuladas entonces por los políticos. No es de recibo, por ejemplo, que la enfermería permanezca anclada en el Grupo A2 de la Función Pública, porque ya no es una diplomatura, sino un grado universitario, y todos los grados universitarios deben estar adscritos, por derecho, al Grupo A1.
No puede prolongarse durante más tiempo que un periodista, abogado, economista o físico, por citar solo algunas profesiones, figure por encima de una enfermera o enfermero en el escalafón administrativo de un hospital, y no sería de recibo tampoco que dicha promoción deseable y más que merecida no fuera acompañada de la correspondiente mejora económica, porque los reconocimientos que sólo llevan palmadas en la espalda como acompañamiento no merecen ser llamados tales. Por tanto, A1, sí, pero con las pertinentes subidas salariales, lo que tendría que implicar aumentos presupuestarios acordes con la realidad formativa en España y en el resto de los países. La ofensiva impulsada por el Consejo General persigue poner fin, también, a una discriminación que impide a la enfermería acceder a determinados puestos de responsabilidad que ocupan otros profesionales que ni siquiera pertenecen a la rama sanitaria, situación especialmente inquietante en algunas autonomías.
¿Por qué puede ser gerente en algunos centros sanitarios un historiador o un economista, y no una enfermera o enfermero? Este anacronismo debe acabar ya. Y deben acabar también los palos en las ruedas de la prescripción enfermera, tan en boga hoy tras la reciente sentencia que avala que las enfermeras administren ácido hialurónico. Si la aplicación de inyecciones intramusculares, subcutáneas e intradérmicas se viene realizando por la enfermería desde hace décadas, ¿por qué no pueden hacerlo con este producto con fines estéticos? Particularmente necesario en este empuje institucional para lograr para la profesión el reconocimiento que merece es el de fomentar su contratación en áreas en las que debería haberse hecho, particularmente en la escuela.
En este sentido, la iniciativa impulsada en Asturias para que los docentes ejerzan como sanitarios colisiona con la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y destila un tufo economista al que se quiere revestir de innovación gestora. Si las autoridades pretenden ahorrar, están en su derecho, pero no a costa de la salud de los escolares, el rol que debe corresponder a las enfermeras y la sobrecarga de los profesores con funciones que no les competen.
PREGUNTAS CON RESPUESTA
¿Qué consejero de Sanidad del PP pidió a sus colegas de otras consejerías autonómicas que fueran condescendientes con el consejero socialista de Castilla-La Mancha a cuenta de los cribados en el área de Talavera de la Reina?
¿Qué dircom de un laboratorio que llegó al mismo con vitola de ser un “crack” está siendo muy cuestionado por el empeoramiento que ha experimentado la imagen de la compañía?
¿Qué alto cargo sanitario de la Comunidad de Madrid tiene muy mala imagen en la Consejería por sus ínfulas y su prepotencia?
¿Qué despacho dedicado al lobby está muy cuestionado en su sector por los escasos resultados obtenidos en sus gestiones?
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