Las bajas laborales se han convertido en un grave problema de Estado, al alcanzar dimensiones gigantescas. En 2023, ya sin apenas COVID, se produjo una auténtica explosión. El número de bajas registradas ese año equivale a que alrededor de 1,5 millones de trabajadores se ausentaron de su puesto todos los días laborables posibles.
Un estudio realizado por la patronal Foment del Treball, en colaboración con The Adecco Group, cifra su coste para la economía en cerca de 37.000 millones de euros o, lo que es lo mismo, un 3,1% del PIB. Las previsiones de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), la organización referente del sector, son incluso peores para este año. La Incapacidad Temporal (IT) y el absentismo laboral golpean también con especial saña al sistema sanitario. Por un lado, porque afectan a sus trabajadores con mayor fuerza que a otros sectores, lo que evidencia las duras condiciones en las que tienen que ejercer su trabajo y la ausencia de controles fiables para detectar los casos atribuibles a la picaresca.
Los gastos laborales de las propias bajas y de los sanitarios que han de suplirlas merman de forma considerable el capítulo I de los presupuestos de los servicios autonómicos de salud, lo que resta dinero para otros menesteres. Por otro lado, porque impactan directamente en la Sanidad española, disparando la burocracia que acarrea su tramitación y multiplicando las listas de espera, en un fenómeno que se retroalimenta. Miles de trabajadores permanecen de baja porque los sistemas sanitarios tardan semanas o meses en citarles en consulta, practicarles las pruebas diagnósticas o decidir la operación, si procede. A su vez, estos trabajadores engordan las listas de espera y sobrecargan la labor de los sanitarios que deben reducirlas.
Es la pescadilla que se muerde la cola hasta el infinito. Las bajas laborales tienen, además, otro problema añadido: su gestión se encuentra a caballo entre ministerios, organismos y administraciones, lo que al final provoca que todos ellos se pasen la patata caliente y nadie ejecute las soluciones oportunas. La entente formada por Seguridad Social, Ministerio de Sanidad, servicios autonómicos de salud, las propias mutuas, los sindicatos y los profesionales sanitarios diluye la adopción de decisiones y, sobre todo, la asunción de responsabilidades. Como siempre, unos por otros y la casa sin barrer.
¿Qué se puede hacer? De todo, pero hay que atreverse. Básicamente, una respuesta concertada y de país. Foment, por ejemplo, recomienda cambios en los convenios a través de la negociación colectiva, la elaboración de un diagnóstico de gestión integral para las empresas como si fuera un plan de negocio y, desde el luego, permitir que las mutuas, como entidades colaboradoras de la Seguridad Social, tengan un control activo en los procesos. Eso, y la mejora de la gestión de la Sanidad pública, que es un desastre, lo que dispara la duración de las bajas.
PREGUNTAS CON RESPUESTA
¿Qué consejero de Salud es fiel lector de Malcolm Lowry, el autor del libro que sirve de título a esta tribuna?
¿Qué altísimo cargo sanitario no perdona un puente ni una fiesta, y muy rara vez pisa su despacho un fin de semana?
¿Qué grupo variopinto formado por dircoms sanitarios, algún cargo importante de la industria y al menos un periodista hace escapadas juntos cuando coinciden sus libranzas?
¿Qué dos consejeros socialistas reconocen abiertamente que el Ministerio de Sanidad no les consulta su parecer sobre ningún documento, propuesta legislativa o iniciativa presenta en el Consejo Interterritorial?
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