A lo largo de las últimas semanas he escrito decenas de artículos sobre la crisis del coronavirus, la mayor parte de ellos muy críticos con el papel jugado por el Ministerio de Sanidad durante una crisis que ha segado la vida de más de 27.000 personas, cifra que superaría ampliamente los 50.000 si las estadísticas oficiales no estuvieran falseadas. Nadie vea detrás de ellos animadversión personal alguna hacia el ministro Salvador Illa, al que no conozco, ni hacia ninguno de sus lugartenientes, entre ellos Fernando Simón.
El secretario general, Faustino Blanco, y la directora general de Farmacia, Patricia Lacruz, son personas cordiales de trato y la solvencia de María Jesús Lamas al frente de la Agencia Española del Medicamento parece fuera de duda, pese a algunas exportaciones practicadas y al lapsus de su intento de viaje relámpago a Galicia. Viaje con el quien esto escribe no hizo sangre. Nadie vea tampoco intencionalidad política tras los artículos. No he sido ni soy del PP. Tampoco de VOX. De hecho, nací en familia obrera y a esta clase pertenezco, por lo que puede resultar aún más irritante que un Gobierno que dice representar a esta clase haya cometido el cúmulo de despropósitos que lleva encadenados hasta ahora. Despropósitos con consecuencias muy graves en términos de vidas cobradas y arruinadas. La dilación a la hora de tomar medidas contra el virus cuando se debió hacerlo, ya ha tenido las consecuencias que hemos visto y va a ocasionar a la economía un daño mucho mayor que el desatado por la anterior crisis financiera. Se trata de un incendio apenas visible aún, que alcanzará dimensiones dantescas, y que el Gobierno parece empeñado en agrandar todavía más con la gasolina inflamable del gasto público. España está ya en quiebra, será rescatada y el futuro de una generación entera quedará dilapidado.
He de decir también en mi descargo, que durante mi trayectoria dos ministros populares pusieron precio a mi cabeza. Con parecida vehemencia que ahora cuestioné el proyecto que Alberto Núñez Feijóo tenía al frente del Insalud para convertir los hospitales en fundaciones, arremetí contra Celia Villalobos antes de que nadie lo hiciera por la deriva a la que llevaba a su Ministerio, y con una información tumbé el intento de Juan José Güemes en Madrid de establecer la jubilación forzosa de los médicos. También apoyé a Miguel Ángel Sánchez Chillón, de corte izquierdista, en su carrera al Icomem, y lo volvería a hacer, porque me parece un hombre honrado. Ningún dislate pasado cometido por ministro alguno -no ejercía ni en la época de Sancho Rof ni de García Valverde, el breve- me parece sin embargo comparable con el actual. Sinceramente, creo que Salvador Illa y todo su equipo deberían irse por el bien de la Sanidad y de todos los españoles. Una cosa son errores y otra el despropósito en el que han instalado al Ministerio.
PREGUNTAS CON RESPUESTA
¿Qué alto cargo del Ministerio ataca sin piedad a otro alto cargo de este departamento allá donde puede y lamenta su “incompetencia”?
¿Qué funcionario del CCAES subió personalmente a la web del Ministerio un informe previamente borrado pero omitiendo el nombre de los autores de dicho informe?
¿Qué posicionamiento tiene FACME sobre la labor del Gobierno en esta crisis?
¿Qué mujer vinculada a Hacienda evitó que el Ingesa siguiera cometiendo más dislates en la compra de materiales?
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