En los últimos 23 años España ha tenido doce ministros de Sanidad. Trece, si se cuentan los menos de tres meses de 2016 que Fátima Báñez, titular de Empleo, se responsabilizó también interinamente del cargo. Esto equivale a decir que desde 1996 ha habido un ministro de Sanidad cada poco más de año y medio o cada 21 meses, como se prefiera. Las consecuencias de esta fugacidad, fruto unas veces de los caprichos del presidente del Gobierno de turno, de las torpezas cometidas por el titular de la cartera o, simplemente, de la inestabilidad política, han sido muchas: al baile permanente de altos cargos le han acompañado una multiplicidad de políticas, criterios y hasta normas a veces contradictorios.
Del coto a la universalidad para aquilatar gastos se ha pasado, por ejemplo, a su generalización sin reparar en costes para el Erario público. El mutismo sobre la prescripción enfermera ha dado paso a su reconocimiento pleno, aunque, eso sí, con el desarrollo normativo aún pendiente. Y el cerco tiránico al gasto farmacéutico se ha pasado a un cierto consenso a la hora de contenerlo, con “cataloguiños”, amagos de subastas, negociaciones con la industria y retrasos en la comisión de precios de por medio. En breves semanas, María Luisa Carcedo, la ministra número doce -o trece, según se mire-, abandonará el Ministerio, y, dependiendo de los resultados electorales, cabe la posibilidad de que dé paso al 14º pasajero de una nave que zozobra en dirección contraria al viento que más sopla. Esta inestabilidad ha tenido consecuencias importantes: la primera y, posiblemente, la fundamental, es que en los últimos 23 años no se han producido reformas de calado en el sector.
Tampoco con anterioridad, pero nunca antes como en este tiempo se había visto el Sistema Nacional de Salud tan golpeado por la crisis y la insuficiencia presupuestaria, el envejecimiento poblacional y una revolución médica tan milagrosa para los pacientes como tan severa para la estabilidad financiera del país. La falta de estas reformas obliga a centros de salud y hospitales a funcionar bajo fórmulas jurídicas prehistóricas y, por tanto, anacrónicas, condena a las profesiones sanitarias a ejercer bajo un régimen funcionarial perverso, y desdibuja, por ejemplo, a la atención primaria, llamada a ser puerta de entrada al sistema y hoy inmersa en tierra de nadie.
La segunda gran consecuencia de esta interinidad de los altos cargos es la inseguridad jurídica que transmite a todos los agentes que operan en el sector. Inseguridad que obstaculiza inversiones, obliga a trastocar planes sobre la marcha y echa por tierra aspiraciones que se convierten luego en posibles por el mero cambio de ministro. El tercer efecto de este tránsito vertiginoso de titulares de la cartera sanitaria es la pérdida de peso del Ministerio en las negociaciones con las autonomías. Si antes de José Manuel Romay el Consejo Interterritorial pintaba poco, hoy lo hace menos aún.
PREGUNTAS CON RESPUESTA
¿Qué laboratorio no español ha abandonado Farmaindustria? ¿Por qué motivo?
¿Qué razones de índole interna han llevado al descontento a un importante miembro de la patronal que es bastante temido por algunas compañías farmacéuticas?
¿En qué organización sindical su máximo dirigente ha retocado las reglas internas para poder permanecer en el cargo más tiempo del que estaba permitido? ¿Por qué se ha “podemizado” esta organización?
¿Qué sociedad científica de enorme peso en el mundo médico está que trina con el Ministerio de Sanidad? ¿Por qué?
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