La polémica renovación del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad, un órgano que nunca asesoró mucho y que actuó siempre de forma más nominal que ejecutiva, está tapando otras guerras soterradas que se viven en el sector. Puede resultar hasta lógico. Sustituir a Valentín Fuster por Pedro Sabando, ningunear de mala manera a las enfermeras, sanidad privada tecnológicas e industria farmacéutica -al privarles casi de representación-, olvidarse de Semergen y reclutar a Marciano Sánchez Bayle y a otros sanitarios más famosos por sus proclamas filosocialistas que por protagonizar grandes gestas profesionales daría para escribir un libro y cargar duramente contra la ministra María Luisa Carcedo, que en esto se ha equivocado.
Sin embargo, la vida sigue y las aguas bajan revueltas por otros cauces que aunque parecen menos mediáticos, lo resultarán en un corto espacio de tiempo. Otro de los grandes frentes que el Gobierno tiene abiertos procede de la industria y está vinculado con el pacto que suscribió la patronal con el ministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro. La historia es la siguiente: como se recordará, dicho pacto obligaba a los laboratorios a devolver a la Administración la parte del gasto farmacéutico que excediera el crecimiento del PIB en 2018 si este evento llegaba a producirse. Como ha terminado sucediendo, ambas partes se encuentran ahora en proceso de devolución de una cantidad que podría rondar los 200 millones de euros. Ahora bien, ¿cómo se produce esta devolución? Aquí viene el problema.
En 2018, el gasto farmacéutico creció mucho más en hospitales que en primaria. En Farmaindustria, los laboratorios que llevan la voz cantante -básicamente multinacionales- quieren que el reparto de dicha cantidad se realice a escote, sin distinciones, lo que está poniendo en pie de guerra a las compañías que focalizaron su negocio en los centros de salud. “¿Por qué hemos de pagar nosotros la fiesta de la que se benefician otros, cuando el gasto farmacéutico que generamos se ciñe al límite marcado en el pacto y el crecimiento desmesurado se está produciendo en especializada?”, vienen a decir estos laboratorios, entre los que se encuentran empresas japonesas, nórdicas, italianas y españolas.
Otro problema añadido es desgranar las ventas de cada compañía, dato del que Hacienda carece, lo que llevará previsiblemente a Farmaindustria a solicitar la información individualizada a las empresas y a promover auditorías para cotejar que las cantidades reflejadas son ciertas. Estas circunstancias han desatado ya varias reuniones “calientes” en la patronal, con algunos efectos: el primero es que se dilatarán los pagos para disgusto de Hacienda, ministerio mucho más interesado que el de Sanidad en la ejecución del acuerdo. El segundo es que no volverá a reeditarse un convenio en estos mismos términos. Al final, la industria pagará a escote el pacto de 2018, con gran disgusto de muchos de sus asociados, pero no ocurrirá lo mismo en el futuro.
PREGUNTAS CON RESPUESTA
¿Qué asociación de pacientes han caído en desgracia de la industria Farmacéutica? ¿Por qué?
¿Qué motivos ligados a la UE han llevado a Hacienda a prestar más atención al pacto con la industria farmacéutica que el Ministerio de Sanidad?
¿Qué representantes del sector sanitario no son visto precisamente con buenos ojos por los prebostes de la CEOE? ¿Por qué?
¿Qué sanitaria del PP procedente del norte de España se está convirtiendo en un referente en Génova y suena como ministra en caso de que esta formación vuelva al poder?
Autor Sergio Alonso
Fundador y director del suplemento A tu salud del diario LA RAZÓN