En sus relaciones sanitarias con Cataluña, el Estado ha actuado siempre acomplejado y con una dosis desmesurada de «buenismo» que, al hilo de lo ocurrido el 1-O, convendría revertir con urgencia. Hasta el año 2000, Cataluña concentraba todas las miradas de la Sanidad española por la innovación de sus fórmulas gestoras, la excelencia de varios servicios en sus hospitales, la presencia de una industria nacional y extranjera muy potente de medicamentos, y el peso que sus políticos jugaban en Madrid. Un peso capaz de cambiar decretos y leyes. Puede decirse que no había acto del sector organizado en la capital que se preciara de serlo si no contaba como ponente con un gurú sanitario catalán de nombre rimbombante, aunque sus proclamas no pasaran de ser perogrulladas. En aquella época, en los despachos del Insalud se miraban con excitación casi onanística las experiencias gestoras catalanas y se ponían en marcha ensayos piloto para extenderlas por toda España como si fueran la panacea. Fruto de ello fueron la generalición de institutos y unidades de gestión clínica, o el más tardío intento de probar la la autogestión en primaria. Las fundaciones de Alcorcón y Manacor también nacieron influidas por las organizaciones de régimen semiprivado que pululaban por Cataluña.
La inercia hacia la que condujo aquella ciega admiración es la genuflexión que hemos visto luego, y contra la que se rebelaron, es cierto, algunos consejeros de Sanidad andaluces y de Madrid, deseosos de cambiar el statu quo dominante, con especial mención para Juan José Güemes. ¿Qué ocurrió? Que obnubilados por el «poderío» sanitario catalán y su influjo, políticos y gestores del resto del país doblaron el espinazo, pasando de la “vedetización” a la complacencia, y de ahí a agachar la cabeza o a mirar hacia otro lado cada vez que los popes de esa comunidad se salían de madre. Poco o nada se hizo, por ejemplo, para luchar contra las trabas al ejercicio que imperan en Cataluña por no saber catalán, y menos aún contra las iniciativas autóctonas en materia de fármacos. Si el conseller vetaba productos en su comunidad pese a existir informes de posicionamiento que los avalaban y que iban firmados por sus representantes en el Ministerio, en Madrid no se hacía nada. Si el conseller campaba por sus anchas en algunos plenos del Consejo Interterritorial pese a estar en minoría, el resto de sus colegas autonómicos permanecían mudos, no fueran a causarle enfado. Si el conseller tiene la ocurrencia de crear una Agencia del Medicamento propia mientras el Ministerio se devana los sesos para traer a Barcelona la Agencia Europea, pues aquí paz y después gloria. Como esa inercia conduce a lo ya visto, sería deseable una mucha mayor firmeza de la Administración del Estado para con los dirigentes sanitarios catalanes.
Ya no son mitos y, por lo que se aprecia, tampoco buenos gestores.
PREGUNTAS CON RESPUESTA
¿Qué conocido instituto es un polvorín que va a estallar como muy tarde a la vuelta de las Navidades?
¿Qué sindicato sanitario atraviesa una situación financiera muy precaria porque no logra atraer ingresos? ¿Con qué empresa de pésima reputación sopesó firmar un acuerdo económico dicho sindicato para salir de la asfixia financiera? ¿Qué dos dirigentes acertaron al abortar dicho acuerdo por temor a que la empresa fagocitara al sindicato?
¿Qué consejero de Sanidad del sur de España es conocido por no personarse en los actos a los que previamente había confirmado que iría?
¿Qué dos médicos son codiciados por algunos laboratorios por su imagen fresca y su presencia en las redes sociales?
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