Nadie puede dudar de la eficaz red de dispensación de medicamentos con la que cuenta España. Somos afortunados. También por la excelencia y el buen hacer de nuestros compañeros farmacéuticos, siempre tan próximos y con esa relación especial con el paciente en sus barrios, en su entorno… Claro que su labor es capital en la sanidad, pero eso no nos debe hacer olvidar que las farmacias son establecimientos privados, negocios particulares.
Por más que desempeñen un rol concreto en el sistema sanitario no pueden equipararse al de una enfermera o un médico. Las funciones de “diagnóstico, tratamiento y cuidado” son atribuidas por la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias a los profesionales de la Medicina y Enfermería, ya que son competencias “para las que las y los farmacéuticos no han recibido formación en sus estudios de Grado”. Así lo expresaba el otro día la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social María Luisa Carcedo, en una carta remitida a los presidentes de Consejo General de Enfermería y Sindicato de Enfermería SATSE.
Bajo el paraguas de un “invento” ilegal, bautizado como “farmacia comunitaria”, las boticas pretenden realizar funciones que llevan 40 años haciendo con éxito las enfermeras de Atención Primaria como el seguimiento de crónicos, el control de la medicación o la visita domiciliaria entre otras funciones. Y habría que ser muy ingenuo para pensar que tras esos desempeños se esconde, como es nuestro caso, un afán de servicio a los demás.
Algunas consejerías de Sanidad están urdiendo planes —vía Ley, incluso— para pagar a las farmacias por desempeñar tares que ya hacemos médicos y enfermeros en el marco del sistema público.
Les van a compensar por ello y eso tiene un nombre: “privatizar” la sanidad. ¿Acaso no es privatizar dejar en manos de establecimientos comerciales privados la atención sanitaria? ¿Debe revisar los botiquines domésticos o visitar a un paciente encamado la misma persona que le vende medicamentos —además de todo tipo de productos variopintos— en su farmacia?
Madrid es la comunidad pionera en legislar sobre este asunto, aunque esperemos que los políticos recapaciten. Hace unos días sindicatos médicos y enfermeros, el Colegio de Enfermería, asociaciones de consumidores y de defensa de la sanidad pública se posicionaron contra este atropello. Pero Madrid es sólo la punta de lanza de lo que plantean también CC.AA., como Valencia o País Vasco, y de lo que ocurra en Madrid dependerá si se corta en seco la senda privatizadora a través de la mal llamada “farmacia comunitaria”.
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