El proyecto de Presupuestos para 2019 que el Gobierno acaba de introducir en el Congreso constituye un torpedo en la línea de flotación de la Sanidad pública y privada en España. A pesar de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha tratado de revestir el texto de un barniz social, lo cierto es que el Sistema Nacional de Salud se beneficiará poco o nada de un gasto público extra récord, y que resultará más pernicioso que positivo para el correcto desarrollo de la atención sanitaria.
De entrada, la Sanidad queda lastrada por el gasto estructural en pensiones, que superará holgadamente los 153.000 millones de euros sólo en este primer año y que absorberá alrededor del 42% del gasto total consignado en el proyecto. La hipoteca de este gasto, de los más de 35.000 millones que España pagará por los intereses de la deuda, y del incremento de los fondos para desempleo por los nuevos subsididios impedirá destinar una porción mayor de la tarta a la Sanidad. De hecho, tendrá que contentarse con un raquítico 6% del PIB, porcentaje similar al de pasados ejercicios y que ya se antoja insuficiente, dando lugar a escenas conocidas: listas disparatadas, saturación de los hospitales, retraso en la incorporación de fármacos innovadores, tijeretazos a los conciertos y un hastío profesional que podría saldarse en breve con grandes protestas. Súmenle el coste extra que implicará el fin de los copagos y el cóctel será explosivo.
El proyecto esconde además otra gran bomba de relojería para la Sanidad española. Como bien denuncia la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y han destapado organismos como la Comisión Europea, la previsión de ingresos está hinchada, ya que la ristra de nuevos impuestos con los que el Gobierno golpeará a la sociedad para costear la fiesta del gasto (tasa Google, impuesto a las transacciones financieras, ataque al diésel, incrementos de los tipos en sociedades, etc) no será suficiente para recaudar las cifras previstas.
Esto equivaldrá a un círculo vicioso del que la Sanidad salió trasquilada durante la crisis; más déficit y deuda, nuevos tributos para contenerla, menos actividad económica por tener que costear las cargas adicionales y, consecuentemente, menor recaudación por parte de las administraciones para financiar servicios sociales. Se trata, en definitiva, de unas cuentas que abocan a futuros ajustes en áreas sensibles. Ajustes que serán mayores cuanto más se contraiga la economía, como alertan los organismos internacionales. La salvaje subida de impuestos impactará de lleno también en la Sanidad privada: por un lado, tendrá que hacer frente al aumento de las cotizaciones sociales, como el resto de las empresas. Por otro, verá reducida la demanda de servicios pues la merma de la renta disponible de los ciudadanos al tener que sufragar nuevas figuras impositivas no les incentivará precisamente a cambiar de prestador, por muy deteriorado que se encuentre el público.
PREGUNTAS CON RESPUESTA
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