Alrededor del sector del medicamento se está creando, poco a poco, una tormenta perfecta de consecuencias funestas para gran parte de los agentes afectados. Mientras prosiguen las negociaciones para la formación de Gobierno y la sombra de Podemos sobrevuela La Moncloa, el Ejecutivo en funciones está abonando el terreno con el objetivo de preparar lo que acaecerá si, finalmente, la legislatura se completa.
Habrá, nadie lo dude, más gasto público. Lo ha dicho hasta la saciedad la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y lo avala en círculos restringidos hasta la de Economía, Nadia Calviño, supuesta adalid de la ortodoxia y la estabilidad presupuestaria ante la Comisión Europea. Que haya mucho más gasto público significa que el Estado necesitará mayores ingresos para cuadrar medianamente sus cuentas sin que se dispare el déficit público, lo que traducido al cristiano equivale a decir que si Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sellan un acuerdo de investidura con los partidos independentistas se crearán nuevos impuestos, se elevarán los que ya hay y se aprobarán medidas de ahorro a la desesperada para financiar a cambio medidas aparentemente sociales.
¿Cómo afectará esta política económica en la Sanidad española? Impactará de lleno en el sector del medicamento, siempre en el foco de las miradas de la izquierda más furibunda. La hoja de ruta viene incluida en el plan de genéricos y biosimilares que tanto enfado ha provocado en fabricantes de fármacos innovadores, genéricos y biosimilares, así como en farmacéuticos, distribuidores y algunos colectivos médicos.
Con la bandera del informe de la Autoridad Fiscal (Airef) como coartada, y el amparo de una supuesta comisión de expertos muy afines al PSOE, la directora de Farmacia, Patricia Lacruz, ha trazado las líneas de lo que será la política farmacéutica durante los próximos años, granjeándose de paso de forma hábil el apoyo de las consejerías autonómicas de todos los signos, caninas actualmente de recursos. Se generalizará la prescripción por principio activo, se forzarán bajadas de precios en los medicamentos biológicos, se suprimirán los descuentos que las compañías de genéricos ofrecen a las farmacias y, posiblemente, se extenderán las subastas de fármacos con algunas variantes respecto a la fórmula que precisamente aplicó Montero en Andalucía cuando era consejera de Salud.
Con el fin de moldear a la opinión pública y allanar el camino para estas medidas amortiguando las previsibles protestas saldrán a escena supuestos especialistas avalando los cambios y organizaciones de nombre pomposo, pero de composición descaradamente izquierdista. Es el caso de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp), azote de la Sanidad madrileña pero siempre muda ante los desmanes de la Sanidad en Andalucía cuando la regía el PSOE, y la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento, constituida para desgastar a la industria farmacéutica bajo un disfraz de asepsia que no logra ocultar lo que no es más que partidismo sectario.
PREGUNTAS CON RESPUESTA
¿Qué miembros de la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento pidieron apoyo de la industria farmacéutica cuando tuvieron responsabilidad directiva en la Sanidad?
¿Qué dos grandes corporaciones profesionales buscan dircom?
¿Qué comunidad autónoma acaba de hacer una inversión descomunal en una tecnología que el año próximo quedará algo obsoleta por la llegada al mercado de otra mucho más mejorada?
¿Qué medida de ahorro farmacéutico que plantea el Gobierno es casi imposible de implantar por la dificultad jurídica que acarrearía materializarla?
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