El Ministerio de Sanidad tiene entre ceja y ceja a la Sanidad privada y a la industria farmacéutica. De la primera no se fía. Ni siquiera valora, de hecho, el esfuerzo que hicieron durante la pandemia la mayoría de los grupos privados de este país para descargar de pacientes de Covid-19 agudos y críticos a los centros sanitarios públicos.
Hoy, casi cinco meses después de la explosión del SARS-CoV-2, esos grupos sólo han cobrado en Cataluña y sus cuentas de resultados renquean hasta niveles extremadamente peligrosos. Cientos de clínicas, de hecho, van a quebrar. Sin embargo, al departamento que dirige Salvador Illa parece darle igual. Guiado por tics del pasado y por los ideales de expertos conocidos por la radicalidad de sus planteamientos cuyo tiempo ya pasó no ahora, sino hace años, el secretario general de Sanidad y número dos del ministro, Faustino Blanco, se ha sacado de la manga un documento al que ha dado en llamar “plan de acción para la transformación del SNS en la era post-Covid-19”.
Un bodrio infumable y, si me apuran, inconsistente, en el que se aboga, poco más o menos, por la supresión del modelo Muface, un viejo ideal del sector sanitario más rancio del socialismo, y por la eliminación de las desgravaciones fiscales de las que se benefician las empresas por los seguros de salud de sus empleados. El desatino es tan grande, que si llegara a consumarse las consecuencias serían funestas para el SNS.
De entrada, alrededor de cinco millones de pacientes que ahora reciben asistencia en la privada pasarían a integrarse en la pública, abocándola al colapso. Hacer esto cuando los recursos no dan abasto para atender a la población protegida existente, cuando se acumulan listas de espera diagnósticas y quirúrgicas récord, antes incluso de que estallara el Covid.19, y cuando se avecina una segunda ola de coronavirus revela que el sectarismo pesa más que la prudencia y la sensatez en el grupo que ha elaborado el polémico borrador.
Otra andanada va dirigida, cómo no, contra la industria farmacéutica, a la que se culpa de forma intrínseca, de inflar en 8.000 millones el precio de unos medicamentos cuya mejora terapéutica con respecto a otros ya existentes es dudosa, y de “comprar” la voluntad de prescriptores y de las asociaciones de pacientes.
Llama aquí la atención la asombrosa coincidencia de pareceres entre el documento y los postulados que desde hace meses viene lanzando una supuesta asociación que dice defender el precio justo de los fármacos y que está integrada por conocidos sanitarios del PSOE anclados en el pasado y que no pasaron precisamente a la historia por su excelencia gestora cuando tuvieron cargos de responsabilidad. Como uno es viejo ya, y no cree en las casualidades, no cabe más que colegir que ese grupo fue en realidad la avanzadilla para confundir a la opinión pública y allanar el camino a las mentes pensantes que pretenden ejecutar el plan. Lamentable.
PREGUNTAS CON RESPUESTA
¿Conocía el ministro el contenido del informe elaborado por Faustino Blanco y un grupo de expertos de ultraizquierda en el que se ataca a la privada y a la industria farmacéutica?
¿Qué candidato a la presidencia del Icomem está financiado por una empresa de pésimo nombre en el sector, que va a echar el resto para volver a fagocitar el Colegio de Médicos madrileño?
¿Qué miembro de una de las candidaturas que opta a la presidencia de Sedisa es conocido como “el socialista”? ¿Por qué le odia el presidente de otra de las candidaturas?
¿Qué corporación profesional tiene redactada una querella criminal contra el Gobierno, pero no se atreve a presentarla por temor a represalias del Ministerio de Sanidad?
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