La Sanidad pública ya no da más de sí y, técnicamente, explota. No es un problema exclusivo de Madrid, ni de otros feudos ávidos de regalar una tarta del pastel a la pérfida iniciativa privada, como insiste en repetir de forma machacona un sector de la izquierda decidido a echarse al monte para capturar el voto de los más incautos. Se trata de un problema global, de todo el país, que no azota solo a la capital, aunque también lo padece. La última manifestación de esta tensión galopante, de esta bomba de relojería que le estallará al próximo Gobierno que salga de las urnas, puede apreciarse estos días en los dispositivos asistenciales, hacinados de pacientes esperando hasta 72 horas en los pasillos de urgencias para acceder a una cama en planta.
No ha hecho falta ni siquiera otra ola de COVID-19, ni siquiera un ligero rebrote pandémico, sino un pico de infecciones respiratorias como los de antes, para que las costuras del enfermos sanitario revienten, sacando a la luz la lacerante falta de personal y de camas, el colapso gestor de todo el sistema, las deficiencias estructurales de la atención primaria y de un modelo hospitalocentrista, y la asfixia financiera que le aqueja para hacer frente a una población cada vez más sensibilizada por las enfermedades y cada vez más envejecida. ¿Qué hacer ante ello? Simplificando, caben dos opciones. La primera es no hacer nada, como vienen haciendo hasta ahora las autoridades sanitarias, con la confianza de que la propia inercia del sistema y la superación del pico infeccioso le permitan salir del atolladero y seguir funcionando mal que bien a velocidad de crucero, aunque las listas de espera se encuentren disparadas. La filosofía de este modo de pensar radica en que nada podrá reprochársele nunca a aquel que no ha movido ficha alguna y, por tanto, no habrá castigo electoral.
La otra es poner manos a la obra e introducir reformar intensas. Entre otras cosas, para evitar que la historia se repita y otra pandemia termine por llevarse por delante a lo que quede de la maltrecha Sanidad pública. Las reformas son múltiples y variadas, y han sido reivindicadas hasta la saciedad por expertos de diferente signo y condición, y por colegios profesionales, sin que ningún ministro o consejero se haya atrevido a poner en marcha más que tibios retoques, muchos de ellos estéticos. La primera, y fundamental, pasa por cambiar en su totalidad el modelo funcionarial de funcionamiento del sistema y aprovechar cualquier incremento presupuestario que haya para retribuir en mayor medida a los profesionales que lo merezcan. No a todos. El sistema actual apenas permite hacerlo, lo que desincentiva cualquier esfuerzo. El segundo es incrementar las plantillas porque las que hay son insuficientes. Hay que actuar ya o el sistema se muere.
Preguntas con respuesta
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