De todas las reformas que requiere con urgencia el Sistema Nacional de Salud, hay una, junto a la del Estatuto Marco, que debería acometerse posiblemente con prioridad sobre las demás. Se trata de la normativa que rige el Consejo Interterritorial. Concebido como el máximo órgano de coordinación sanitaria del conjunto del Estado, en una época en la que el peso sanitario del Estado lo llevaba el ya extinto Insalud, este foro ha presentado abundantes caras a lo largo de la historia.
En la época de la pandemia, por ejemplo, tuvo un papel crucial a la hora de dar voz a las autonomías en la toma de algunas decisiones trascendentales, mérito que hay que atribuir en aquellas fechas fatídicas a Salvador Illa. El hoy presidente de la Generalitat supo hacer de la necesidad virtud y aprovechó las potencialidades de este órgano para diluir responsabilidades ante los fallos en las políticas estatales de salud pública, en una estrategia política que permitió sin embargo dar voz y protagonismo a los que verdaderamente gestionan la Sanidad en España.
En épocas pre o post pandémicas, el Consejo ha devenido, por desgracia, en un escenario de trifulca política en el que los rivales del Ejecutivo de turno han tratado siempre de sacar rédito mediático de las debilidades del mismo, como sucede ahora, y como sucedía cuando el que gobernaba era el PP. ¿Qué hay que cambiar de este órgano para de alguna forma “profesionalizarlo” y agilizar su funcionamiento? Muchas cosas, aunque es cierto que la complejidad del entuerto facilita que el remedio administrado pueda ser incluso peor que la enfermedad que pretende tratar.
Como en todo, hace falta consenso entre grandes partidos y entre Estado y autonomías, que a la postre son las que llevan las riendas de la Sanidad en sus territorios. Sobre dichas reformas, hay opiniones para todos los gustos, pero como la mayor parte los problemas de los territorios son comunes, no estaría mal empezar la remodelación del modelo de coordinación utilizando como base algo que ya funciona: las comisiones. En ellas, lo técnicos del Estado y las comunidades intercambian información, declaran necesidades, formulan propuestas y esbozan posibles soluciones que luego han de ser refrendadas a nivel superior por los directores generales de su área y, más tarde, si el tema lo merece, por el Pleno del que forman parte el ministro y los consejeros.
Es la forma más fácil de consensuar iniciativas en vez de imponerlas: pactándolas de abajo a arriba. En este punto, el rol de liderazgo que debe jugar el Ministerio ha de ser clave. ¿Cómo deben tomarse las decisiones? ¿Por unanimidad, por un juego de mayorías o por la decisión final del Ministerio? Lo ideal es la negociación y el consenso, no el rodillo, aunque podría pensarse en la creación de un órgano de expertos para resolver cuitas en caso de fragmentación en dos del órgano.
PREGUNTAS CON RESPUESTA
¿Por qué hizo todo lo posible el Ministerio de Sanidad para que Fátima Matute no replicara a Mónica Garcia en el programa 59 segundos, después de que en un principio diera el visto bueno a la presencia de la consejera?
¿Qué excelente y discreta comunicadora abandona el laboratorio en el que trabajaba, aunque seguirá en el sector?
¿Qué alto cargo solo trabaja cuatro días a la semana? ¿Por qué?
¿Qué sector de la industria farmaceutica está especialmente preocupado por las repercusiones económicas que puede tener para las empresas la directiva de aguas residuales? ¿Por qué?
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