En la España transferida, el reparto de competencias entre diferentes administraciones públicas y entre órganos de una misma administración ha terminado derivando en una centrifugación de responsabilidades en las que estas suelen quedar finalmente diluidas cuando se producen fricciones y resultados insatisfactorios, como bien exponen algunos ex presidentes del Gobierno en sus intervenciones públicas. Cuando una tarea compartida sale bien, las administraciones responsables tienden a apuntarse el tanto de manera individualizada. Cuando sale mal, la culpa es siempre de la otra administración por inhibirse, extralimitarse o acometer de forma errónea su ejecución. Aunque el paradigma de esta forma sui generis de cogobernanza fallida se produjo con motivo de la DANA en Valencia, la Sanidad es un campo abonado para la aplicación del principio de que la culpa es siempre del otro y nunca de uno mismo.
Sucedió durante la pandemia, época en la que las medallas pendían de una administración a otra en función del aumento o la disminución que registraran las tasas de infección del virus. Como regla general, la centrifugación de responsabilidades y de culpabilidades tiende a ser mayor del Estado hacia las autonomías y de las autonomías hacia el Estado en función de lo mal que vayan las cosas, y menor si las cosas funcionan de forma correcta. En los tiempos presentes, esta suerte de reparto competencial con esparcimiento de inculpaciones puede apreciarse con motivo de la angustiosa falta de profesionales sanitarios para cubrir vacantes o reforzar las plantillas existentes en los centros de salud y hospitales. Las autonomías reprochan al Ministerio de Sanidad su política de ordenación profesional y su impericia a la hora de abordar la planificación de las necesidades del sistema en materia de recursos humanos.
El Estado culpa por su parte a las autonomías de espantar a los sanitarios con unas condiciones laborales deplorables para hacer frente a la sobrecarga asistencial. Al final, unos por otros, la casa sigue sin barrer. La centrifugación de responsabilidades y la inhibición ante los errores se agranda si además de varias administraciones están implicados diferentes órganos de alguna de ellas. Sucede, por ejemplo, en materia de dependencia y de atención y cuidado de las personas mayores, y ocurre también en la ardua lucha contra las bajas injustificadas por incapacidad temporal, disparadas a raíz del estallido de la COVID.
En este particular terreno la complejidad se magnifica, al entrar en juego las autonomías y el Estado, la Sanidad y la Seguridad Social, Hacienda y los empresarios, los sindicatos, los profesionales sanitarios y las mutuas de accidentes de trabajo. El resultado es que la mayoría de ellos se pone de perfil asumiendo las empresas y las arcas públicas el coste de la inacción. Con respecto a la inhibición ante la falta de trabajadores, al final los pagadores son los propios sanitarios y los pacientes, asumiendo en sus propias carnes el coste de tal muestra de desidia administrativa.
PREGUNTAS CON RESPUESTA
¿Qué terapia revolucionaria que tendrá un bajo coste en el mercado está desarrollando una compañía de capital español?
¿Qué consejero que no es el de Hacienda está poniendo en jaque al consejero de Sanidad de una comunidad? ¿Por qué?
¿Cuál de las varias normas que prepara el Ministerio de Sanidad no va a recibir nunca luz verde parlamentaria? ¿Por qué?
¿Qué organización ha abandonado prácticamente la labor que hacía con todos los servicios de salud autonómicos? ¿Por qué?
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