El bombardeo mediático de estas semanas en torno a la tragedia sufrida por Valencia ha difuminado una noticia de enorme impacto para la sanidad española y los profesionales que trabajan en ella: la complicada renovación del concierto de Muface. Vaya por delante mi convencimiento absoluto de que a pesar de las fuertes discrepancias económicas entre las partes -el Estado y los grupos aseguradores-, el servicio asistencial que vienen recibiendo los funcionarios seguirá prestándose durante un tiempo indeterminado. Salvo sorpresa mayúscula, la muerte del modelo Muface no será inminente, aunque ya ha empezado a producirse por la vía lenta por culpa de una insuficiencia financiera más que manifiesta y, bajo el modesto criterio del que esto escribe, absolutamente planificada. Este estrangulamiento programado del modelo no es fruto de ninguna conjetura, sino que tiene cifras y resulta objetivable. Grosso modo, consiste en tratar de obligar a los prestadores a gestionar el servicio por la mitad de dinero del que percibirían si lo ofrecieran en el Sistema Nacional de Salud, y encima a una población envejecida e hiperconsumidora de atención sanitaria como la del funcionariado, por el envejecimiento de las plantillas.
Esta agonía inducida desde las más altas alturas está provocando un trasvase importante de pacientes de la sanidad privada hacia la pública, que será aún mayor de aquí en adelante. Si años atrás más de un 90% de los beneficiarios de este régimen escogía la primera para tratar sus dolencias, ahora lo hace en torno a un 70%, dada la imposibilidad que tienen las aseguradoras de mantener la calidad del servicio al mismo precio por el encarecimiento de los costes. Independientemente de la renovación o no del acuerdo, este trasvase parece irreversible, pues el Estado no anda colmado de recursos como para insuflar con ellos el oxígeno que necesita Muface ni sostenerlos en el tiempo, como sería necesario. ¿A dónde conduce todo esto? A una saturación adicional de la Sanidad pública para la que no se encuentra preparada, pues en la actualidad carece de recursos suficientes para dar respuesta a una avalancha paulatina extra de pacientes que podría cuantificarse en 1,5 millones, entre asegurados y beneficiarios. Solo para la enfermería, las consecuencias serían dramáticas.
Según el Consejo General, España necesita en estos momentos 123.000 profesionales más para llegar a las ratios de la Unión Europea y poder dar una atención óptima a la población. Dicha sobrecarga de trabajo está provocando importantes secuelas físicas, mentales y laborales en el colectivo, tales como estrés, ansiedad, desmotivación e Incapacidad Temporal. Justo además en un momento en el que la población envejece. ¿Cuántas enfermeras harían falta entonces si a esa población se le suman 1,5 millones de personas más? Aunque la muerte de Muface llevara también aparejado el trasvase de su financiación, la ridícula cifra en la que se mueve no paliaría esta dramática situación laboral, sino que la agravaría.
Preguntas con respuesta
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