Allá por 2008, justo en pleno estallido de la crisis económica más devastadora que ha habido en todo el planeta desde la segunda Guerra Mundial, España destinó 56.618 millones de euros a financiar la sanidad de sus ciudadanos. Como quiera que las autonomías no eran por aquellas fechas todavía muy devotas de la austeridad sino más bien dadas al dispendio, el gasto sanitario real al final durante aquel ejercicio se disparó en nuestro país en más de 4.346 millones de euros sobre el presupuestado, hasta superar la cifra de 60.964 millones de euros. Diez años después de aquello han sucedido muchas cosas.
La población se encuentra mucho más envejecida y, por tanto, consume más recursos sanitarios que entonces. También han llegado al mercado tecnologías, moléculas y productos biológicos para todo tipo de enfermedades auténticamente revolucionarios, pero mucho más caros que los que había hace diez años. El presupuesto, sin embargo, no dista mucho del gasto real que se contabilizó en 2008. A lo largo del presente ejercicio, las comunidades dispondrán en conjunto de 60.858 millones de euros para prestar la asistencia pública a sus ciudadanos, prácticamente la misma cantidad gastada que hace una década.
¿Qué significa todo esto? Significa que las autoridades tienen que ofrecer por el mismo dinero más servicios y encima más caros, a una población protegida que no se ha reducido y que, encima, se encuentra más envejecida. Es la cuadratura del círculo que explica el deterioro de la calidad asistencial que se ha producido en nuestro país, y que se agudizará si no media milagro con la vuelta de dos prestaciones que quedaron fuera del sistema y que ahora forman parte del catálogo, tras las primeras decisiones del nuevo Ministerio de Sanidad. La universalización de la asistencia y la eliminación del copago farmacéutico para los pensionistas puede producir un efecto contrario al que supuestamente busca. Algunos analistas elevan el coste de ambas medidas hasta los 4.000 millones.
Aunque su inclusión puede responder a un principio de justicia universal y a razones humanitarias, la irrupción en tromba de este gasto llevará aparejada una merma de la calidad de las prestaciones que se venían ofertando hasta ahora. Si a los 60.858 millones hay que restarles alrededor de 4.000 millones, no es difícil concluir que los prestadores tendrán que escatimar recursos si pretenden que sus cuentas cuadren a final de año, lo que se traducirá, por ejemplo, en menores inversiones de reposición en los centros, mayores listas de espera, políticas de contratación más restrictivas y mayores tiempos a la hora de incorporar nuevas tecnologías o terapias ya aprobadas por el propio Ministerio. Se trata, en definitiva, de un empeoramiento de la asistencia que reciben los ciudadanos. La imposibilidad de alcanzar un nuevo acuerdo de financiación que inyecte más fondos a la Sanidad y las presiones de Bruselas para cumplir con el déficit pueden ser, además, la puntilla.
PREGUNTAS CON RESPUESTA
¿Qué conocido sanitario socialista despotrica del nuevo equipo llegado al Ministerio de Sanidad?
¿Qué consejero de Salud socialista no tiene “feeling” con Carmen Montón y considera un error el trato dispensado por esta última en Valencia a la Sanidad privada?
¿Qué laboratorio intuía desde hace meses que Montón sería ministra de Sanidad en caso de cambio de Gobierno?
¿Qué directivo de la industria farmacéutica es partidario de pagar una cantidad lineal a la Administración en lugar de vincular la devolución al PIB? ¿Por qué?
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