La lucha contra el tabaco debe ser un objetivo de primer orden para la mejora de la salud pública en España. Una lucha, por cierto, en la que no caben medias tintas, porque o es incesante y se realiza desde todos los flancos y con total intensidad, o se termina perdiendo. Las últimas estadísticas sobre tabaquismo indican que algo de esto último es lo que sucede ahora, y de ahí la vuelta de tuerca que el Ejecutivo le pretende dar. En la época de José Luis Rodríguez Zapatero, un gran secretario de Estado de Sanidad como fue José Martínez Olmos alumbró una ley de vital importancia en esta cruzada interminable.
Tuve la fortuna de publicarla en exclusiva con el título de “El Gobierno prohibirá fumar en las bodas y en todo tipo de bares”. Aquello desató una enorme polvareda. Las radios, las televisiones y otros periódicos se sumaron al carro y la iniciativa fue objeto de enconados debates en las tertulias entre los partidarios de la manga ancha y los del prohibicionismo. Los datos epidemiológicos dieron la razón, a la larga, a estos últimos porque el consumo de tabaco ha ido disminuyendo a lo largo de los años hasta marcar un mínimo histórico en 2024.
De hecho, el porcentaje de fumadores diarios ha caído a un 25,8%, lo que constituye la tasa más baja de los últimos tres decenios. Sin embargo, esto no es suficiente porque el porcentaje es aún alto y porque se han sumado nuevas amenazas, como el impacto que el humo está provocando en la salud de la mujer y la incorporación de los menores de edad a este pernicioso hábito a través de dispositivos más atractivos que el cigarrillo convencional. La nueva andanada de medidas que el Gobierno pergeña va encaminada a atajar este problema, pero hay sombras que oscurecen el horizonte. Por ejemplo, pese a que el anteproyecto de modificación de la Ley 28/2005 frente al tabaquismo finalizó hace meses el periodo de audiencia, su tramitación parlamentaria sigue paralizada.
Se echa en falta, también, una actuación coordinada de todos los ministerios, porque la ausencia de subidas de precios en los borradores existentes revela que Hacienda tiene unos objetivos diferentes de los de Sanidad, que pasan por seguir recaudando lo mismo o más con el tabaco, lo que no se conseguiría con las alzas proyectadas por el equipo de Mónica Garcia. Esto no es baladí, porque los precios constituyen la herramienta más efectiva para lograr un descenso del consumo si va acompañada de una intensa lucha contra el contrabando. También se echa en falta el acercamiento total de todos los medicamentos deshabituadores a la población fumadora y un mayor prohibicionismo en espacios interiores, como reclama el Consejo General de Enfermería, que cree con razón que se podría sacar más partido de los profesionales de enfermería en la prevención del tabaquismo y en la ayuda al fumador para abandonar su hábito.
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