El Presupuesto que España dedica a la Sanidad, inferior al 7% del PIB, no da para más. Los síntomas de esta insuficiencia financiera crónica afloran por doquier y abocan a un futuro poco halagüeño para pacientes y profesionales, si la situación no se revierte de manera urgente, algo que no parece que vaya a ocurrir. Se han escrito ya ríos de tinta sobre las listas de espera y los tiempos de demora, con casi 850.000 enfermos aguardando pasar por el quirófano una media de 128 días en el conjunto del país.
El aumento de la demanda de prestaciones sanitarias derivado del envejecimiento poblacional y la ausencia de medios suficientes para afrontarla arrojan estas cifras, con picos aún más inadmisibles en algunas comunidades. De la falta de profesionales para hacer frente a la presión asistencial también se han escrito de tinta, y será uno de los asuntos recurrentes este verano. La pésima planificación histórica, las bajísimas retribuciones fruto de esa insuficiencia económica y la escasa oferta formativa forman un polvorín que pueden estallarles a la ministra Mónica García y a los consejeros autonómicos en plena canícula. El tercer asunto que pone de manifiesto la falta evidente de recursos presupuestarios es el del retraso en la aprobación de los nuevos medicamentos que aspiran a entrar en el mercado después de recibir el plácet de la Agencia Europea del Medicamento. La dilación, de una media de 661 días, habla bien a las claras de cuál es el criterio principal que impera en los reguladores españoles a la hora de proceder a las autorizaciones, el economicista, aunque se encubra de excusas terapéuticas, pero hay otro dato especialmente sensible acerca de esta realidad de génesis económica. Se trata del retraso que acumulan los medicamentos oncológicos, muchos de ellos capaces de prolongar meses la supervivencia de los enfermos.
El informe Wait que promueve la patronal de los laboratorios europeos y elabora la consultora Iqvia, y que no parece ser del gusto del director general de Farmacia, César Hernández, porque los resultados retratan a Sanidad, apunta a que en este particular campo la demora es de 725 días, 256 más que en 2022. Como todos saben, esta dilación en las autorizaciones no se detiene en las comisiones de precios. Cuando los fármacos reciben finalmente el visto bueno para el acceso, tienen que superar aún su particular travesía del desierto hasta que las autonomías, las gerencias y los servicios de farmacia proceden a su administración a los pacientes. Administración que suele ser restringida, al tener que cumplir determinadas particularidades. Salvo honrosas excepciones, la razón que hay detrás de todo este proceso es el intento de aplazar un tiempo un sobrecoste que las arcas públicas no pueden afrontar. ¿A qué esperan los agentes del sector para reclamar al unísono más fondos para la Sanidad? La Sanidad, de momento, resiste, pero el parcheo es tal, que va a estallar.
Preguntas con respuesta
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