A medida que pasan los días se alargan las sombras sobre la gestión que el Ministerio de Sanidad está realizando de la crisis del coronavirus. Una de ellas, posiblemente la principal, es la de quién asesora al departamento que dirige Salvador Illa en las trascendentales decisiones que está adoptando, y que afectan, por ejemplo, a la movilidad de los 47,1 millones de habitantes que hay en España. Cuando la crisis del ébola, el entonces líder opositor Pedro Sánchez reprochó al Gobierno del PP que no contara con un comité integrado por representantes de las principales sociedades científicas. Hoy, ninguna de ellas forma parte del círculo que con tanto ahínco trata el Ejecutivo de ocultar.
¿Cómo es posible que dos meses después del estallido de la pandemia ninguno de esos supuestos expertos en los que decía apoyarse Salvador Illa haya firmado documento alguno con nombres y apellidos? ¿Son acaso los expertos de los que habla Fernando Simón los que aparecen en los dos primeros documentos técnicos sobre la enfermedad y que luego borró el Ministerio a partir de la tercera versión, la del 17 de marzo? ¿Existe acaso un comité de expertos o las decisiones las toman los altos cargos, la mayoría simpatizantes del PSOE? ¿Quiénes firman los informes que determinan qué territorio pasa de fase y cuál no? ¿Y las comunicaciones que se hacen al respecto a cada comunidad?
Si la sombra de las decisiones es alargada no lo es menos la de las compras de material protagonizadas desde el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) por Alfonso Jiménez Palacios, otro de esos altos cargos que ha acompañado desde diferentes puestos a todos los ministros de Sanidad socialistas desde los tiempos de Zapatero. ¿Cómo es posible que Fenin, la patronal que representa a las compañías fiables que fabrican o importan esos productos, no fuera convocada a una reunión celebrada a principios del mes de marzo para acometer la compra de material? ¿Le cuadran las cifras del material que ha llegado y el que realmente fue desembolsado a los funcionarios de Sanidad que preparan los recursos contra las querellas interpuestas por el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM)? ¿Es mayor acaso el importe pagado que el material finalmente recibido? ¿Qué comisión se llevaron los intermediarios que participaron en las operaciones? ¿Y por qué se autorizó la exportación de material a países como Cuba, Argelia, Marruecos, Guinea Ecuatorial, Perú o Gibraltar, además de a otros que el Gobierno no ha notificado al Parlamento como, por ejemplo, Georgia o República Dominicana? Estas y muchas otras dudas son sólo la punta del iceberg de una gestión opaca, tardía y, si me permiten, lamentable.
PREGUNTAS CON RESPUESTA
¿Se ampara el Ministerio en la ley franquista de secretos oficiales para ocultar la lista de los supuestos expertos que le asesoran?
¿Qué alto cargo del Ministerio tiene en su punto de mira a la industria farmacéutica nacional? ¿Tiene que ver en ello que fuera rechazado en algún proceso de selección hace años?
¿Qué conocido médico, muy popular estos días y en los tiempos del ébola, fue entrevistado por la Comunidad de Madrid en tiempos de Cifuentes para ser director general de Salud Pública?
¿Qué histórico sanitario socialista anda desaparecido en esta crisis? ¿Por qué ha optado por ponerse de lado y mantenerse en silencio?
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