El nefasto modelo de gestión de la Sanidad pública, fruto de leyes anacrónicas propias de tiempos pretéritos, está causando trastornos inimaginables a los pacientes y un daño irreversible a las arcas autonómicas y del conjunto del Estado. La punta del iceberg de esta ineficiencia provocada por la crónica asfixia financiera y la rigidez de las normas administrativas está en las listas de espera.
Como ya es sabido, la Sanidad pública batió en 2021 todos los récords históricos de enfermos aguardando una intervención quirúrgica -706.740- con unos tiempos de demora verdaderamente vergonzosos en algunas regiones y especialidades. La permanencia en estas bolsas de pacientes pendientes de operación no sólo perjudica a los afectados, muchas veces con enfermedades incapacitantes, sino también a las empresas en las que trabajan y a los presupuestos públicos, que son los que abonan las prestaciones.
Las mutuas, absolutamente desaprovechadas, dan fe de ello y sus datos no dejan desde luego en buen lugar a un modelo que languidece víctima de la pasividad de los que airean su defensa a los cuatro vientos. Uno de los mejores ejemplos para ilustrar este aserto es la traumatología. El pasado 31 de diciembre, España contabilizaba 177.239 enfermos en espera de una cirugía, con un tiempo medio de demora de 149 días.
Según los datos recopilados por el Ministerio de Sanidad, un 28,7% de ellos aguardaba más de seis meses para someterse a una intervención. Paralelamente, en el colectivo de trabajadores cubiertos por las mutuas se produjeron 1,07 millones de bajas por enfermedad o accidente no laboral por patología traumatológica, una especialidad en la que estos entes colaboradores de la Seguridad Social son expertos, por ser muy frecuentes en los accidentes de trabajo.
De acuerdo con los datos en poder de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), en estas patologías concretas la duración media de los procesos de contingencia profesional gestionados por ellas ascendió a 41,01 días. En cambio, cuando estos procesos son una contingencia común y son tratados en la Sanidad pública registran una duración media de 70,95 días, un 42% más. La conclusión es que un trabajador con una contingencia común diagnosticada como traumatológica se recuperaría 30 días antes si fuera tratado por una mutua, lo que además de una mejora de su calidad de vida, reportaría tanto a la Seguridad Social como a las empresas un ahorro de 2.600 millones de euros. ¿Cuántos sueldos de sanitarios para reforzar el sistema público se podrían abonar con esta cantidad?
El problema de las bajas laborales es demoledor para el Estado y una mayor intervención de las mutuas socorrería al modelo público si los defensores del statu quo dominante dieran su brazo a torcer. Según los últimos datos, la Seguridad Social y las empresas gastaron 18.700 millones en estas prestaciones, el equivalente a dos nóminas de las pensiones. Una barbaridad.
PREGUNTAS CON RESPUESTA
-¿Qué conocido personaje del sector sanitario que no es del PP ha tenido mucha influencia en el ascenso de Elena Mantilla en el organigrama de este partido en Madrid?
-¿Qué consejero de Sanidad socialista asegura estar hasta las narices del Ministerio y de los charcos en los que se mete?
-¿Qué sociedad científica médica anda canina de fondos por culpa de una errática inversión realizada?
-¿Qué laboratorio atraviesa una grave crisis y su futuro está en el aire?
Autor Sergio Alonso
Fundador y director del suplemento A tu salud del diario LA RAZÓN