Tres años después del estallido del COVID-19, con cerca de 120.000 muertos reconocidos oficialmente y 13,5 millones de infecciones contabilizadas a las espaldas, España sigue sin tener noticia de evaluación independiente alguna de la gestión de la pandemia. La ausencia de este análisis sobre los fallos que hubo y las razones que los motivaron no es baladí. No sólo es que el Gobierno incumpla su promesa -otra más- para irse de rositas, que ya es grave, sino que, además, supone un vacío de información que resultaría vital en caso de que otra enfermedad transmisible se expandiera por nuestras fronteras.
El anuncio de una evaluación independiente y objetiva de lo sucedido en las diferentes olas arrancó con la petición de un prestigioso equipo de expertos en Salud Pública y otras disciplinas en la revista “The Lancet”. Con la vista puesta en las experiencias de países de nuestro entorno más conscientes de la importancia de la autocrítica y, desde luego, más transparentes, los especialistas requerían un examen de lo acaecido en España, abarcando todos los aspectos críticos durante la embestida del virus: desde las graves carencias de materiales y equipos de protección para sanitarios hasta los fallos en los sistemas de detección, pasado por la lentitud en las respuestas de todas las administraciones, el drama de las residencias de mayores o la dramática pero inevitable aplicación de los triajes en las urgencias y las plantas de los hospitales.
Tal fue la desidia inicial del Ministerio de Sanidad a la hora de recoger el guante que 14 de esos expertos decidieron publicar una segunda carta en la publicación científica exigiendo de nuevo la puesta en marcha de una comisión investigadora para realizar el análisis. Pero no uno con carácter inquisitorial, sino constructivo, en un intento de que los graves errores producidos quedaran subsanados en el futuro. Salvador Illa, al que solo le importaba la Sanidad para usarla como trampolín en su viaje a Cataluña, hizo como que hacía pero, en realidad, no hizo nada. Mareó la perdiz con la constitución de una comisión traspasando el muerto a su sucesora, Carolina Darias, que más allá de constituir dicho órgano y validar la metodología del análisis, dejará también su puesto con todo por hacer.
Tampoco se ha materializado hasta ahora la tan cacareada Agencia Estatal de Salud Pública, un órgano de nuevo cuño esbozado por los dos ministros sanitarios de la pandemia y que, a día de hoy, sigue sin ver la luz. Tanto a Illa como a Darias su puesta en marcha les parecía vital, pero si mañana se declarase otra alerta de salud pública la respuesta volvería a quedar a cargo de Fernando Simón y sus colaboradores del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CAES). Dios nos coja confesados si eso sucede.
Preguntas con respuesta
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