La articulación de un verdadero sistema de atención a la dependencia es una de las grandes asignaturas pendientes de las administraciones públicas españolas. Lo que hay no pasa de ser una entelequia, una ficción en la que el Estado y las autonomías simulan que hay suficientes recursos cuando en realidad apenas existen, y son las familias las que cargan con los cuidados envueltas en una maraña de burocracia regida por el sempiterno principio del “vuelva usted mañana”. El envejecimiento poblacional, especialmente intenso en España, ha cogido desde luego a nuestro país con la pierna cambiada y los deberes sin hacer, y las frías estadísticas dan cuenta de ello, ofreciendo pinceladas de un drama que afecta a personas de carne y hueso. Un drama que se agudizó con la crisis financiera y los ajustes del Gobierno de Mariano Rajoy allá por 2012, cierto, pero que doce años después, el Ejecutivo actual no ha sabido, podido o querido enderezar, aunque haya habido tiempo para hacerlo.
En 2023, por ejemplo, algo más de 179.000 ciudadanos se encontraban a la espera de recibir atención y 40.447 fallecieron mientras aguardaban unos servicios sociosanitarios que nunca llegaron. Por su parte, la tramitación de un simple expediente acarreó en el año enunciado la friolera de 324 días, cuando la legislación estipula un máximo de seis meses. Un problema, en definitiva, que se acrecentará a medida que pase el tiempo, pues lejos de menguar, el envejecimiento irá a más y España pronto superará a Japón en media de edad de la población, salvo que se produzca un milagro en materia de natalidad o una llegada verdaderamente masiva de inmigrantes jóvenes. La articulación de un verdadero sistema de dependencia requiere, en definitiva, de muchos más recursos públicos y de voluntad política de articular reformas estructurales, empezando por la sanitaria. Reformas que pasan por volcar los hospitales a la atención de enfermos agudos y crear dispositivos específicos para la atención de la cronicidad, cada vez más creciente. Esta reforma necesaria para implementar el llamado cuarto pilar del Estado del bienestar pasa también por la puesta en marcha de centros de días y otros dispositivos de cuidados ambulatorios, y por la llamada atención domiciliaria, que debe generalizarse. Aunque parezca costosa, cualquier mejora de lo sociosanitario contribuirá más tarde a racionalizar los costes sanitarios, pues se evitarán frecuentaciones y estancias hospitalarias innecesarias.
Y, por supuesto, esa reforma ha de pivotar sobre la enfermería, la profesión más capaz para desbrozar los casos y gestionar los cuidados en función del grado de dependencia que presenten los afectados. Hasta la fecha, han sido numerosas las voces de verdaderas autoridades reclamando tales cambios. Muchas, procedentes del ámbito científico, académico y político, pero nunca han llegado a término. El resultado son esas negras estadísticas y una gigantesca inequidad autonómica: dependiendo de dónde se resida, la asistencia a la dependencia será más o menos rápida. La España de siempre de las dos velocidades, vaya.
Preguntas con respuesta
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