El gasto público en medicamentos se ha convertido en una bomba de relojería para la Sanidad española en su conjunto. No porque resulte innecesario ni porque su crecimiento sea realmente explosivo. De hecho, en los últimos años algunas medidas de control y numerosos trampeos han impedido que el alza sobrepase a la subida del PIB, lo que constituiría el punto crítico. Sin embargo, la fracción creciente que representa dentro del parco pastel presupuestario sanitario cercena la posibilidad de inyectar fondos adicionales a otros capítulos vitales como el I, el de los salarios de los profesionales, o el de las inversiones en obra nueva o de reposición. Con ligeras variaciones de una comunidad a otra, puede afirmarse sin riesgo de error que el dinero destinado al pago de los fármacos representa ya alrededor de un tercio del presupuestado para toda la Sanidad en cada territorio, una fracción todavía asumible pero en el límite de lo recomendable. El problema es que tenderá a ser mucho mayor.
La llegada que se avecina de terapias disruptivas y la generalización de la medicina personalizada en patologías como el cáncer constituyen un reto irresoluble para los gestores, que tendrán que cuadrar el círculo imposible de mantener el nivel de servicios que recibe la población con unos costes más elevados a una población más frecuentadora, porque se encuentra cada vez más envejecida. De momento, los gerentes, los servicios de salud y el propio Ministerio de Sanidad hacen lo que pueden, que no es otra cosa que poner parches. Poco a poco, instauran barreras burocráticas a esos fármacos cada vez más caros, dilatando así el momento de su dispensación efectiva en España, mientras escatiman todo lo que pueden en materia de contrataciones y retribuciones de trabajadores. El dinero no da para más.
En este contexto, las políticas de remiendos deben dar paso a otras más atrevidas y, posiblemente, revolucionarias. Urge un verdadero plan de racionalización del gasto en medicamentos que garantice la sostenibilidad del sistema sin pérdida de calidad del mismo, y que conceda margen para reactivar también la política de personal con los ahorros derivados del mismo. Hay que potenciar la dispensación de genéricos, sí, pero eso solo no vale, pues en el fondo la clave pasa por conseguir bajadas reales de los principios activos que han perdido la patente sin que se produzcan por ello desabastecimientos. Urge controlar también a los hiperprescriptores, aunque sea para certificar que hacen bien su trabajo, racionalizar los descuentos en las farmacias y dar cabida efectiva a la enfermería en la prescripción. Cuanta más descarga tenga el médico, más posibilidad hay de que no tire del talonario de recetas de forma innecesaria. Urge asimismo cribar bien las terapias realmente innovadoras de las que no lo son y poner el cascabel al gato del copago. No tiene sentido que rentas altas paguen lo mismo que las bajas o los parados por un medicamento. Sobre todo, cuando falta dinero.
Preguntas con respuesta
- ¿Qué presidente de una corporación profesional ha expresado a sus colaboradores más íntimos su temor a que la potenciación de los genéricos que estudia Sanidad perjudique a su colectivo?
- ¿Qué restaurante del centro de Madrid hay que visitar si uno quiere toparse con gerentes o directivos sanitarios?
- ¿Qué información explosiva circula sobre la UCI de un hospital madrileño que no es La Paz?
- ¿Qué consejero socialista de Sanidad critica a la ministra allá donde puede por las vacaciones excesivas que, a su juicio, cogió en Navidad y en Semana Santa?
Autor Sergio Alonso
Fundador y director del suplemento A tu salud del diario LA RAZÓN