Por nuestro trabajo diario —y en mayor o menor medida en función del puesto desempeñado— manejamos elementos punzantes, estamos en contacto con medicamentos potencialmente peligrosos o expuestos a infecciones por distintos agentes. Forma parte de la labor de un enfermero, como un bombero sabe que se enfrentará a un fuego descontrolado algún día o un agente de policía a una situación violenta o peligrosa.
Aunque el riesgo cero no existe, lo que cualquier trabajador debe exigir, y merece, es ejercer su labor con las mínimas garantías de seguridad. Y por desgracia, la enfermería española está expuesta a riesgos evitables durante su ejercicio profesional. Hablamos de pinchazos accidentales, exposición a medicamentos citotóxicos, la falta de equipos de protección —EPIs— en muchos centros, la falta de formación y preparación en bioseguridad…
Desde esta institución llevamos muchos años peleando en España y Europa por unas condiciones dignas y mínimas de seguridad.Somos más fuertes ahora que vamos de la mano con el Sindicato de Enfermería SATSE, bajo el paraguas de la Mesa de la Profesión Enfermera. Ya en 2003, mi predecesor en el cargo, Máximo González Jurado, defendió este tema en Bruselas de la mano de compañeras que se habían pinchado accidentalmente con jeringuillas con sangre de pacientes con VIH.
Todo se plasmó en una directiva europea, hubo compromisos por parte del Ministerio, las Comunidades Autónomas, incluso con partidas presupuestarias finalistas que luego, una vez más, se diluyeron en otros proyectos. Se previó la implantación de dispositivos de bioseguridad, formación, vigilancia, para todos los centros públicos y privados de España. La Mesa de la Profesión ha monitorizado la implantación de todas esas medidas clave y con una investigación llevada a cabo por la extensa red de enfermeras centinelas. Los datos son preocupantes como hemos dejado claro ante los medios de comunicación. Baste decir que, por ejemplo, el 32% de los accidentes biológicos ocurridos en los hospitales y el 24% en los centros de salud ni siquiera se declara ante el servicio de prevención o que sólo en el 47,2% de los centros sanitarios existe un protocolo que obligue a la utilización de un sistema cerrado de preparación y administración de medicación peligrosa. Resulta alarmante y las Autoridades sanitarias deben tomar cartas en el asunto de forma urgente. Les ayudaremos en lo que necesiten, pero la seguridad de los profesionales debe estar por encima de todo.
0 comentarios