Durante la campaña electoral mucho se ha hablado de las duplicidades territoriales pero poco, muy poco, de otras bolsas de ineficiencia por las que se dilapida el dinero público, especialmente en Sanidad. El ejemplo paradigmático son las bajas laborales por enfermedad, que ocasionarán este ejercicio a las depauperadas cuentas de la Seguridad Social un gasto directo cercano a los 8.600 millones de euros, mil millones más que hace 11 años, pese a que el número de afiliados era entonces mayor.
¿Qué sucede con el absentismo laboral en España? Sucede que como los sindicatos han hecho bandera de la defensa de las prestaciones por enfermedad con el argumento de que el trabajador debe quedar protegido frente el pérfido empresario, las sucesivas administraciones -sean de izquierdas o de derechas- aceptan sumisas pagarlas religiosamente sin atreverse a poner coto a los casos de fraude, disparados a medida que la recuperación económica se ha consolidado en España. El resultado es un roto descomunal para las arcas públicas y las empresariales, que se elevaría en conjunto hasta los 71.000 millones anuales en España.
Aunque UGT y CC OO se empeñen en negarlo, los casos de falsa enfermedad son reales y mucho más elevados de lo que traslucen las frías estadísticas. El efecto “puente” y el efecto “viernes” explican, por ejemplo, que las bajas se disparen en el entorno de los días festivos. Los últimos datos recabados por AMAT, la asociación de mutuas de accidentes de trabajo, son elocuentes al destapar que la picaresca está generalizada y se produce con mucha más intensidad en la Administración pública que en la privada. Durante la crisis, el Gobierno decidió recortar la prestación de los funcionarios cuando se acogían a una baja por Incapacidad Temporal (IT).
Tras superarse la recesión, las penalizaciones fueron suprimidas y desde entonces, las bajas han crecido de forma desproporcionada. En los seis primeros meses del año, ya sin las medidas de castigo, la incidencia media mensual en el sector público se situó en 34,74 casos por cada mil trabajadores protegidos, frente a los 30,67 del sector privado. El incremento interanual en la Administración fue del 29,34% mientras que en las empresas fue del 5%, un alza nada desdeñable pero mucho menor, con el resultado de que la incidencia media mensual en el sector público es un 13,27% superior a la del privado.
En la duración media de la baja también existen diferencias notables. En la Administración alcanza los 43,96 días, mientras que en las empresas se queda en 33,62. ¿Cuánto dinero cuesta esto a los españoles? ¿Cuál es el coste de oportunidad que acarrea el fraude por absentismo? La solución es fácil, pero nadie la pondrá en marcha: encomendar a las mutuas el control pleno de la IT. Como no hay redaños para hacerlo, se seguirán perdiendo unos recursos que podrían, por ejemplo, fortalecer el sistema sanitario.
PREGUNTAS CON RESPUESTA
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