La gestión de la crisis del coronavirus por parte del Gobierno de Pedro Sánchez es un desastre, se mire por donde se mire. Un desastre que tiene y tendrá consecuencias funestas para nuestro país. España, por ejemplo, es el estado que más sanitarios contagiados registra de todo el planeta, lo que evidencia que a pesar de contar con la ventaja de saber lo que ocurría en Italia y del impacto que podía ocasionar el COVID-19 con diez de días de antelación, el Ministerio de Sanidad actuó tarde y mal en las fases iniciales de la pandemia, las más cruciales.
A tenor de las declaraciones de su portavoz científico, Fernando Simón, el departamento que dirige Salvador Illa infravaloró las alertas lanzadas por varios organismos europeos y la Organización Mundial de la Salud (OMS), incurriendo en el mayor error que se puede cometer nunca en Salud Pública: negar la evidencia del problema cuando este se echa encima. Aquel negacionismo, que llevó a Simón a predecir apenas unos casos aislados o al Ministerio a amparar la celebración de manifestaciones, eventos deportivos y actos políticos hasta prácticamente el día 9 de marzo, paralizó a los altos cargos de Illa, que ralentizaron la toma de decisiones o las adoptaron de forma errática, con las consecuencias que todo el mundo puede ver todos los días. España se sitúa a la cabeza también en el número de muertos por millón de habitantes con unas estadísticas defectuosas que ni siquiera registran el número real de fallecimientos contabilizados por los registros.
¿Casualidad o causalidad? El Ministerio se equivocó gravemente al decidir encomendar la compra de materiales al Ingesa, un organismo que sobraría en una España eficiente y que está incapacitado para la adquisición de cantidades ingentes de productos sanitarios en mercados como el asiático, en donde se paga por adelantado y se negocia durante las 24 horas del día. ¿Cuál ha sido el resultado? Que han faltado EPIs, batas, mascarillas y respiradores de calidad suficiente para evitar infecciones y salvar vidas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCIS). En el primer mes y medio de la pandemia tampoco ha habido test diagnósticos, fundamentales para acotar la infección y acorralar la propagación del coronavirus mediante confinamientos selectivos. Confinamientos selectivos que no hunden la economía ni hipotecan el futuro de los hogares españoles.
La adquisición chapucera de una partida defectuosa a una empresa que opera en China a través de un intermediario cuyo nombre el Gobierno se niega a revelar —bonita muestra de transparencia— es sólo un episodio más de un cúmulo de despropósitos que ha tenido su culmen, por ejemplo, en la inacción absoluta ante lo que ocurría en las residencias de ancianos —desde la declaración del estado de alarma, el día 13 de marzo, hasta el día 4 de abril el Gobierno no ordenó dar prioridad a estos centros en la práctica de test—, o en una reanudación parcial de la actividad económica que no sustentan los especialistas en base a evidencia científica alguna y que volverá a disparar los contagios.
PREGUNTAS CON RESPUESTA
¿Qué mujer que acompañaba a María Jesús Montero en la Junta de Andalucía ha sido clave para corregir parcialmente los desaguisados cometidos por Ingesa en la compra de materiales?
¿Qué alto cargo del Ministerio intenta guardar un perfil muy bajo por el temor a que le salpiquen futuras demandas por la gestión que se ha realizado de la crisis?
¿Qué Consejera de Salud ha sido si cabe más indolente que el Ministerio a la hora de tomar decisiones?
¿Qué gerente de un gran hospital ha estado prácticamente desaparecido durante la primera oleada de la pandemia y ha sido muy cuestionado por su equipo?
0 comentarios