La súbita apelación a la salud pública ha sido una herramienta empleada por numerosos gobiernos para difuminar con ella asuntos de estado graves y aumentar de paso su injerencia en la vida particular de los ciudadanos. Bajo la premisa de la búsqueda de un bien inobjetable para el conjunto de la sociedad el aparato político ha diseñado a lo largo de los años, y bajo todo tipo de regímenes, leyes tendentes a reducir la esfera de libertad del individuo y a apartar del debate público otras realidades con la excusa de la salubridad.
En este contexto, la salud pública deja de ser un fin en sí misma y se convierte en una mero instrumento para lograr otro tipo de objetivos ante una ciudadanía anestesiada por la sobreabundancia informativa. No digo que con el tabaco ocurra siempre esto. Nadie duda a estas alturas de que el tabaquismo es un problema de Estado en términos de hospitalizaciones y vidas humanas. Desde este punto de vista, no sólo es necesario, sino además loable que el Gobierno promueva ahora nuevos planes para su erradicación.
Las estadísticas indican que las reformas tejidas en 2006 y 2010 bajo los mandatos de Elena Salgado y Leire Pajín surtieron su efecto pero éste ha empezado ya a agotarse, especialmente entre las mujeres. Vetar el humo en los espacios públicos y en el interior de los vehículos -en este caso con claros visos de inconstitucionalidad- puede resultar eficaz para reducir el consumo y salvar vidas. La duda que surge es la oportunidad de la nueva reforma.
¿Es ahora el momento para acometerla o se busca en realidad desplazar, por ejemplo, del debate el apoyo independentista a los Presupuestos, el rumbo negativo que vuelve a cobrar la pandemia o los malos resultados que ofrecen las encuestas para la izquierda? Uno de los elementos que suelen mostrar siempre el maniqueísmo y el doble rasero que emplean los Gobiernos en materia de cesación tabáquica se encuentra en los impuestos. Está demostrado que a mayores tributos mayor será también el descenso del consumo, y el el plan que ha redactado Sanidad aboga claramente por ello. Ahora bien, ¿está de acuerdo con esto Hacienda?
Los últimos datos sobre recaudación tributaria revelan que la recaudación fiscal derivada del tabaco se desplomó casi un 7% en 2020, el año de la Covid-19. En concreto, los ingresos vía impuestos reportados a las arcas públicas por esta sustancia nociva sumaron 8.460 millones, un 6,72% menos por la caída de las ventas de cajetillas de alrededor de un 8%.
¿Permitirá Hacienda una nueva bajada de la recaudación por la subida tributaria a la vista del agujero en las cuentas públicas? El que esto escribe duda mucho de ello. Será la prueba de fuego para comprobar si existe preocupación por la salud de los españoles o es una mera cortina de humo.
Preguntas con respuesta
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