Vayan por delante mis reparos a la nueva ley del medicamento que el Ministerio de Sanidad trata de alumbrar. El sistema de precios seleccionados y otras regulaciones colaterales pueden suponer un golpe en la línea de flotación de los laboratorios que operan en España y poner en riesgo el tejido industrial y los abastecimientos, como han alertado distribuidores de fármacos y farmacéuticos, fabricantes de productos innovadores y de genéricos, de medicamentos huérfanos y de biosimilares. Vaya por delante también mi escepticismo con respecto a la posible aprobación de esta norma.
Encontrándose como se encuentra en fase de alegaciones, y debiendo como debe pasar por las comisiones preceptivas, el Consejo de Ministros y luego el Parlamento, parece poco probable que vea la luz en sus términos actuales y que, si lo hace, reciba el aval de los grupos políticos, con especial referencia a los catalanes, que saldrán en tromba en defensa de los fabricantes asentados en esa comunidad. Las particularidades de los socios del Gobierno y su propia fragilidad no auguran en cualquier caso un futuro largo al texto de marras que tantas críticas ha suscitado y que posiblemente haya sido lanzado más para aplacar las exigencias de la Unión Europea que por entusiasmo del propio Gobierno.
Con todo y con eso, no comparto las que han llovido contra otra de las regulaciones que encierra: la llamada prescripción enfermera, a la que me opuse en sus fases iniciales y abracé por autoconvencimiento algún año después. Las controversias en torno a la misma deberían estar ya superadas en España, porque las experiencias propiciadas hasta ahora por el Ministerio no hacen más que dar carta de legalidad a actos cotidianos en los centros sanitarios que estaban inexplicablemente fuera de la misma. Como ocurre siempre en derecho, la realidad avanza siempre más rápido que las leyes y la legitimación de este tipo de prescripción o dispensación a cargo de la enfermería no trata más que de acercar la segunda al primero para que los profesionales puedan atender a los pacientes con todas las garantías y sin tener que ejercer en una suerte de limbo.
En este sentido, resulta de agradecer que Sanidad no haya temblado ante la posible reacción de un corporativismo posiblemente mal entendido porque quizás tampoco ha recibido explicación oficial convincente al respecto. Sea como fuere, siempre es posible el debate, pero asegurar que la llamada prescripción enfermera pone en solfa la seguridad de los pacientes y desdibuja el modelo asistencial no parece de recibo y demuestra un claro alejamiento de la realidad, pues ya existen diez guías que habilitan esta mal llamada prescripción con el aval de una normativa de 2018 bendecida por las organizaciones colegiales. También resulta llamativo que las críticas más intensas procedan de entidades quejosas de la burocracia y la sobrecarga a la que se enfrenta el médico. ¿No será mejor, acaso, ampliar el espectro de la enfermería?
PREGUNTAS CON RESPUESTA
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