España registra una de las proporciones de profesionales de enfermería en función de sus habitantes más bajas de toda Europa. Algunas fuentes sitúan la cifra en 6,2 por cada 1.000 personas. Otras, incluso más bajo, en apenas 4,6. En el viejo continente, roza el 9. Como el desbarajuste en materia de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud (SNS) es tal, no puede afirmarse cuál de esos dígitos es a ciencia cierta el bueno, pero se trata, en cualquier caso, de tasas ínfimas, ridículas, aberrantes, impropias de un estado como el nuestro, y que conviene por tanto corregir con urgencia para garantizar al máximo la seguridad de los pacientes y la calidad asistencial del conjunto de la población.
En la pandemia, las consecuencias de esta cicatería laboral, de este incomprensible déficit ante el que el Ministerio de Sanidad y las autonomías callan, pudo apreciarse con toda la crudeza en algunos servicios. En las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), por ejemplo, el personal de enfermería no daba abasto. No es que tuviera que redoblar sus esfuerzos ante la avalancha de enfermos que sobrevino por culpa de la covid. Es que en numerosos hospitales, por no decir en todos, se incumplieron las reglas que marcan una correcta praxis clínica, circunstancia que solo pudo sortearse a base de un esfuerzo personal que luego pasó factura en forma de bajas laborales, síndrome de burnout, estrés crónico y otras enfermedades profesionales. Esfuerzo, por cierto, que no fue retribuido y recompensado económicamente como se merecía.
Lejos de tomar nota de aquel vacío y trazar un calendario planificado para irlo solventando, las autoridades optaron por dejar pasar el tiempo y no hacer nada. Una de las leyes que habría de corregir tal desaguisado durmió el sueño de los justos por medio de prórrogas parlamentarias y otros subterfugios. Ni el Gobierno quería sacarla adelante por una cuestión económica, ni la oposición mostró tampoco especial empeño en presionar para que lo hiciera, ya que en sus manos estaban y están muchas de las autonomías a las que les corresponde abonar la masa salarial extra derivada de las nuevas contrataciones. Así se agotó la legislatura y así comenzó la actual, todavía vigente.
Como no podía ser de otra forma, el espíritu de la norma ha vuelto a reactivarse y las reivindicaciones profesionales salen de nuevo a la luz. Reivindicaciones que no tienen tintes ideológicos, y que no buscan torpedear ni la sanidad pública, ni la privada, sino apuntalarlas, para que los pacientes las valoren más. No caben aquí más maniobras dilatorias ni otras estratagemas. En el sistema faltan enfermeras y la labor de estas no puede ser realizada por auxiliares ni por otro sanitarios. Si no hay presupuestos para ello, habrá que inventarlos. Y en la privada, si las pólizas han de encarecerse, que se haga. Pero basta ya de ahorrar dinero o enriquecerse a costa de la enfermería.
PREGUNTAS CON RESPUESTA
¿Qué fichaje de una Consejería para un hospital ha causado estupor entre numerosos gerentes y sanitarios? ¿Qué ex alto cargo es el principal valedor de este fichaje?
¿Qué gerente de un gran hospital está en el disparadero cuando hace apenas un año era el nuevo valor emergente?
¿Qué laboratorio prosigue de forma silenciosa la purga de jefes intermedios y trabajadores?
¿Qué centro investigador del que apenas se habla ahora tuvo como el CNIO un pasado turbio, en el que se dilapidó el dinero en proyectos como revestir una pared de mármol de alta calidad con forma de mitocondria?
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