La Sanidad privada lleva meses en el punto de mira de la izquierda más radical. Miembros de Unidas Podemos y muchos de sus corifeos reiteran cada vez con mayor intensidad mediática el mantra clásico de que la Sanidad pública se está descapitalizando por culpa de la colaboración público-privada y otras fórmulas indirectas de gestión de los dispositivos sanitarios y, ahora, lo hacen a cuenta de la nueva ley de equidad que prepara el Ministerio de Sanidad.
Son los mismos que silencian de forma torticera la falta de financiación que recibirá el sistema en 2022, uno de sus grandes males. Por decisión del Gobierno del que forma parte precisamente la formación morada, España dedicará el próximo año apenas un 6,6% de su gasto total a Sanidad, seis décimas menos que lo destinado en 2021 y un punto por debajo de la partida asignada en 2020, según el plan presupuestario enviado a la Comisión Europea. En otras palabras, la Sanidad española recibirá a partir del 1 de enero alrededor de 12.000 millones menos que hace sólo dos años.
Y con esos mimbres, malherida por la pandemia y con los profesionales hastiados y exhaustos por el ostracismo en el que están sumidos y la sobrecarga de trabajo que soportan, deberá hacer frente además a unas listas de espera disparatadas que obligaban a los enfermos a aguardar 148 días de media a finales de diciembre de 2020 para pasar por el quirófano en el conjunto del país, demora que se elevaba a 286 días en Castilla-La Mancha, territorio curiosamente gobernado por la izquierda. En este caso, por el PSOE.
Se trata de un imposible que no hará más que degradar aún más el modelo y deteriorará su calidad, como vienen advirtiendo desde hace mucho tiempo expertos independientes sin ningún tipo de sesgo ideológico. En este contexto, el nuevo ataque que está sufriendo la privada no parece más que una cortina de humo, un fuego de artificio destinado a encubrir una realidad evidente: los mismos que dicen defender la pública son, en realidad, los que la están destrozando al no utilizar su influencia para inyectarle los fondos necesarios, permitiendo encima que siga gestionándose de manera obsoleta, bajo reglas arcaicas del siglo pasado.
Porque son estas, y no la colaboración público-privada, minoritaria en España, las que impiden una gestión eficiente de los recursos públicos, el objetivo primordial que deberían defender los que tanto dicen profesar su amor por el modelo. El régimen estatutario es anacrónico y desfasado. El mejor reflejo de este aserto se aprecia en la primaria, pero también en la especializada. Obstaculiza la progresión de los profesionales, desincentiva el esfuerzo y convierte los centros en fábricas incapaces de hacer frente a la demanda creciente de atención sanitaria. En arreglar este entuerto es en lo que debería poner su empeño Unidas Podemos en vez de en pedir reversiones y otras zarandajas.
PREGUNTAS CON RESPUESTA
¿Qué dircom de una conocida corporación profesional tarda más de 24 horas en contestar a los periodistas que llaman?
¿Qué relación mantienen un conocido político sanitario socialista y una alta directiva de la industria farmacéutica?
¿Qué mujer del sector privado goza de un alto predicamento en el Ministerio de Sanidad, ganado a pulso durante la pandemia?
¿Qué máxima autoridad sanitaria de una comunidad regida por el PP causa el sonrojo por sus continuas meteduras de pata?
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