A pesar de que pueda ser merecedor de muchas críticas -algunas de ellas feroces- que le llegan desde numerosos sectores, hay una virtud indudable que cabe reconocérsele al equipo de Mónica Garcia en los más de 14 meses que lleva en el Ministerio de Sanidad: el hecho de ser consciente de que el Sistema Nacional de Salud (SNS) necesita reformas de calado para seguir a flote.
Desde que la pandemia mostrara de golpe todas sus carencias, ninguno de los ministros que ha estado en el cargo desde entonces ha planteado verdaderos cambios estructurales para apuntalarlo. Ni Salvador Illa, ni Carolina Darias ni José Manuel Miñones fueron más allá de ensalzar la capacidad de “resiliencia” del modelo y su carácter público, y de proponer algunos retoques, acuciados por la aceleración de los contagios y por la necesidad de priorizar la administración de vacunas o, simplemente, por la falta de tiempo o el deseo de ganarlo rehuyendo medidas impopulares antes de saltar a otras latitudes políticas más agradecidas.
A Garcia y sus lugartenientes no les ha temblado sin embargo el pulso a la hora de mover ficha, identificando con bastante acierto dos lugares por los que iniciar los cambios: la regulación de la vinculación de los trabajadores sanitarios con el sistema y la política farmacéutica. Esta transformación pasa por retocar el Estatuto Marco y por modificar la Ley del Medicamento, dos normas que han quedado obsoletas: la época en la que se elaboraron pasó a mejor vida y el SNS no es hoy el mismo que entonces. La necesidad de remozar ambas regulaciones es más que evidente, y el Ministerio ha sabido detectarlo. Haría mal sin embargo Sanidad en operar esta gran transformación con exclusivos fines ideológicos.
El pragmatismo ha de imponerse sobre el pensamiento político. La primera modificación del Estatuto Marco, muy cuestionada desde el flanco médico, deja en el tintero un elemento fundamental para que el sistema público salga de su parálisis: los sanitarios no son funcionarios ni deben serlo, y todo cambio que no tenga esto en cuenta está condenado al fracaso. Urge aquí introducir incentivos económicos y de otro tipo que gratifiquen la entrega y el esfuerzo, y herramientas que penalicen la indolencia en el ejercicio profesional.
A estas alturas de siglo, no puede ni debe cobrar lo mismo el que muestra abnegación que el que muestra desapego hacia el sistema. Tampoco debe ser utilizado este Estatuto para penalizar a la sanidad privada. Es cierto que el sistema debe evitar la fuga de profesionales y fomentar la permanencia, pero ello no se consigue con imposiciones, sino con mejores condiciones laborales y con mayores retribuciones. Toca aquí pelarse con Hacienda. La reforma de la Ley del Medicamento debe acelerar la llegada de innovaciones y aumentar la transparencia, y rehuir de la farragosa y oscurantista burocracia que rodea a toda la cadena del fármaco en España. Hay que racionalizar el gasto, pero no de forma arbitraria.
PREGUNTAS CON RESPUESTA
¿Qué gerente de un hospital público ha faltado a su puesto varios lunes y algún martes, alargando así el fin de semana que pasa en su ciudad natal?
¿Qué comunicador sanitario ha sido fulminado de su puesto porque “no encaja” en el nuevo modo de trabajar de la organización a la que pertenecía desde hace años?
¿Qué gerente de un hospital público quien cambiar las barandillas plateadas por otras doradas porque las primeras no le gustan?
¿Qué parlamentario socialista se queja de que la conexión de su grupo con el Ministerio de Sanidad, que es de Sumar, es casi inexistente?
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