El gasto sanitario va a absorber de media este año un 30,2% del presupuesto conjunto de todas las comunidades. En algunas, como en Asturias y Madrid, dicho porcentaje se elevará incluso hasta el 37,97% y el 36,38%, respectivamente. En otras, en cambio, la tarta quedará más pequeña, pero en ningún caso se situará por debajo del 25%. Bajo esta premisa, resulta lógico y, desde luego, plausible el hecho de que el Ministerio de Sanidad haya dado voz a los consejeros autonómicos en un pleno especial del Consejo Interterritorial de Salud para expresar, desde sus respectivos ámbitos de competencia, cómo debería ser el nuevo modelo de financiación.
Si el gasto sanitario determina en tal cuantía el presupuesto total de las regiones, algo deben decir al respecto los que lo generan con sus decisiones y los que saben de sus necesidades presentes y futuras. Sin embargo, esta lógica, razonable y sensata, no siempre se ha cumplido en el pasado. De hecho, sólo una vez antes se celebró un foro similar previo al Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que los consejeros de Salud pudieron poner sobre la mesa problemas como la insularidad, la dispersión poblacional, el envejecimiento, el gasto ocasionado por los desplazados o el coste de las nuevas moléculas y de la tecnología que llega al mercado.
Los que conocieron aquella experiencia elogiarán seguro que haya vuelto a repetirse, porque no se puede dejar de lado lo sanitario a la hora de reformular las cuentas globales, dado el enorme peso que tiene en ellas. Un peso, además, creciente. Sin embargo, coincidirán conmigo también en expresar su escepticismo sobre la utilidad real de lo expuesto en el foro sanitario y sobre la repercusión final que tendrá en el nuevo sistema de reparto global. En aquella ocasión, como seguro que sucederá en ésta, aquellas opiniones apenas contaron con oportunidad de materializarse en nada tangible, pues fue el Ministerio de Hacienda el que decidió, con la aquiescencia de los departamentos homólogos autonómicos, cómo se produciría la distribución del dinero y los criterios por los que se guiaría.
Y lo hizo -lo hicieron- más por criterios políticos que por criterios de gasto. De ahí las disfunciones que provocó tal modelo del que hoy todos se quejan y las disfunciones que mostrará, mucho me temo, el que se apalabre finalmente en el Consejo de Política Fiscal. Los precedentes nos enseñan que son tres las reglas básicas que marcan el dibujo de un modelo alternativo: la primera es que la opinión de los consejeros de salud suele ser ignorada. La segunda es que Hacienda es en realidad el que manda en Sanidad y la tercera es que a la hora de decidir, lo que más peso tiene, que es la Sanidad, apenas es tenido en cuenta porque prima el criterio político.
PREGUNTAS CON RESPUESTA
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Autor Sergio Alonso
Fundador y director del suplemento A tu salud del diario LA RAZÓN