Una de las constantes de los últimos gobiernos ha sido la de incrementar los ingresos por la vía de elevar los impuestos, en lugar de hacerlo mediante el ahorro de costes, mejorando para ello la eficiencia de los servicios prestados. En Sanidad, la búsqueda de esa eficiencia ha brillado por su ausencia, lo que ha ocasionado un roto sideral a las cuentas públicas que ha sido convenientemente silenciado a la opinión pública. El ejemplo arquetípico de esta ausencia de gestión racional lo encontramos en las bajas laborales. A caballo entre los ministerios de Trabajo y de Sanidad, y las autonomías, la gestión de la incapacidad temporal duerme en terreno de nadie y golpea por igual las arcas de todas las administraciones. ¿Cuál es el problema? Durante la crisis muchos trabajadores aparcaron la petición de baja médica por el lógico temor a perder el empleo.
Con la recuperación, el proceso ha sido justamente el contrario y miles han pasado a engrosar la categoría de incapacitados temporales sin razones epidemiológicas ni clínicas que justifiquen tal aluvión de enfermedades. La cifra de estos trabajadores en situación de baja aumenta anualmente a un ritmo de dos dígitos, muy por encima del crecimiento del país. Este año, el gasto ocasionado por todo ello superará los cerca de 8.000 millones de euros que presupuestó el Gobierno del PP; las mutuas -agente activo en el control y vigilancia de estas contingencias- perderán alrededor de 740 millones y la Seguridad Social, probablemente, el doble -cerca de 1.500 millones- sólo por este concepto. Es cierto que la presión laboral fruto de la búsqueda imperiosa de competitividad de las empresas para sobrevivir en el mercado ha podido ser una de las causas de este torrente de trabajadores que enferma, pero ya nadie niega -ni siquiera los sindicatos- que existe una bolsa de fraude que crece y crece sin que nadie le ponga remedio. En la solución del problema los gestores se topan con un obstáculo aparentemente inamovible.
Si los trabajadores están de baja es porque los profesionales del sistema de salud se la conceden. Desde este punto de vista, cualquier injerencia de otra administración en la resolución de los casos deslegitimaría la gestión de los primeros, con el riesgo de que primaran los criterios economicistas. Estas tensiones pueden ya apreciarse cuando médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) contradicen la opinión de los médicos del sistema sanitario al evaluar casos concretos. Ante esta tesitura, el Gobierno ha optado por hipervigilar a más de 60.000 trabajadores en situación sospechosa, empleando para ello a médicos del sistema público. El proyecto parece idóneo, pero apenas ahorrará 33 millones si se cumplen los objetivos. A la vista del agujero, ¿no sería más idóneo que las mutuas pudieran conceder altas en casos flagrantes de fraude? Parece lo razonable, pero lo razonable no caracteriza a los gobiernos que han regido últimamente a España.
PREGUNTAS CON RESPUESTA
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