La movilidad geográfica laboral ha sido defendida siempre con vehemencia por la mayor parte de los economistas a lo largo de la historia reciente. El consenso generalizado es que, en líneas generales, constituye un mecanismo de ajuste positivo para el mercado de trabajo que permite equilibrar el empleo en regiones deprimidas y zonas con alta demanda del mismo, potenciar la productividad general y reducir al mismo tiempo el paro sin generar con ello tensiones inflacionistas. Esta postura doctrinal, mayoritariamente cierta, oculta, sin embargo, riesgos inherentes para los propios protagonistas de la movilidad y para la economía en su conjunto. Su uso erróneo o abusivo como herramienta de planificación puede disparar precisamente, por ejemplo, la brecha territorial entre las llamadas regiones tractoras y aquellas que están en declive, favorecer la fuga de talentos si no existen políticas adecuadas para retenerlos, generar desarraigo familiar y disparar incluso los precios, al tensionar los servicios y el mercado de la vivienda si este se encuentra deteriorado, como es el caso en España.
Algunos de estos peligros han empezado a aflorar en el sistema sanitario, en donde la ausencia de una planificación acertada de los recursos humanos y de una regulación unitaria que siente las reglas básicas de juego ha hecho que la cobertura de plazas se rija por una suerte de ley de la jungla y la movilidad geográfica se convierta en un “mercadeo de personas”, como denuncian el sindicato Satse y las organizaciones colegiales. La angustiosa falta de personal en algunos servicios de salud ha desatado de hecho una auténtica guerra de guerrillas entre consejerías, que actúan como si fueran clubes de fútbol a la caza de fichajes. El problema desaparece a corto plazo con ello en unas regiones, pero se agranda en otras.
Es un pan para hoy en algunas autonomías y hambre para mañana en el resto, como apunta con acierto la organización sindical, que evidencia la falta de coherencia en la planificación de la política de personal en el conjunto del Estado como causante principal de este desbarajuste. La gravísima crisis desatada en Ceuta este mes de agosto tras la invasión de inmigrantes ilegales procedentes de Marruecos ha puesto en primer plano este problema latente también en otras partes de España. La avalancha ha acrecentado la falta estructural de profesionales cualificados que ya existía en la ciudad autónoma, dejando en evidencia la impericia del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), el organismo al que el Ministerio de Sanidad ha encomendado la gestión de la asistencia en esa zona de España, en donde las competencias no se encuentran transferidas. Una de las bases para arreglar este desaguisado para por la información, pues sin ella no cabe planificación correcta alguna. Urge por ello un registro que informe en tiempo real de los recursos existentes y urgen incentivos económicos para retenerlos en España.
PREGUNTAS CON RESPUESTA
– ¿Qué directiva de una organización profesional sanitaria volcada con los pacientes ha sufrido un robo este mes de agosto en su domicilio de una localidad a las afueras de Madrid?
– ¿Qué alto cargo del Ministerio de Sanidad se jacta de que la Airef ha dado un espaldarazo definitivo a una norma que, sin embargo, no va a ver nunca la luz?
– ¿Qué consejero de Sanidad siente animadversión personal y no solo política hacia la ministra de Sanidad? ¿Por qué?
– ¿Qué exconsejero de Sanidad del PP está ganando mucho peso en el partido? ¿Qué mujer próxima a Núñez Feijóo le avala?
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