Desgraciadamente, los gobiernos de diferente signo han tendido siempre a utilizar la Salud Pública como cortina de humo para enmascarar con ella su falta de ideas, desviar debates y engatusar de paso a los posibles electores. Esta máxima se ha repetido a lo largo de la democracia, evidenciando que, al final, la supuesta preocupación por la salud de los ciudadanos no era más que una excusa para embaucar a incautos, generalizar entre la sociedad el régimen de prohibiciones y captar votos. Aunque pueden citarse muchos, el mejor ejemplo de este falso interés por la Salud Pública es el de la conocida como Ley Antitabaco. Gracias a una garganta profunda que me nutrió de información, tuve la fortuna de publicarla en exclusiva seis meses antes de que el Consejo de Ministros diera luz verde al proyecto.
Para los que gusten acudir a comprobarlo en Google, el titular avisaba de que “Sanidad prohibirá fumar en las bodas y en todo tipo de bares”. Ahí quedó la cosa, y así fue. Bajo las directrices del entonces secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, y de un puñado de “salubristas”, el Gobierno socialista de Zapatero aprobó la norma que generalizó el veto al tabaco en lugares públicos cerrados, expulsó a las calles a los fumadores y soliviantó a los hosteleros que ya habían acondicionado sus locales para separar a los adictos de los que no lo eran. Diez años después de aquello, la ley se ha antojado un fracaso.
Según los datos del propio Ministerio, la población fuma ahora más que antes, con el agravante de que los jóvenes y las mujeres se suben en mayor medida a este nefasto hábito. Hay dos preguntas del millón para tratar de entender este entuerto: ¿Por qué se consume más tabaco que con anterioridad a la prohibición? Porque las prohibiciones alientan el vicio y porque el Gobierno no tenía voluntad real de atajar el problema, sino que sólo pretendía utilizar el veto para desplazar del debate público los enormes problemas que entonces le asaltaban. Para reducir el consumo de forma sostenida en el tiempo debería haber aplicado tres medidas combinadas: subir los precios, perseguir el contrabando y financiar los tratamientos de deshabituación tabáquica.
No lo hizo porque el consumo de esta sustancia es muy sensible al alza del valor de venta, y la subida habría mermado notablemente la recaudación de Hacienda, el ministerio realmente interesado en que el tabaco siga muy presente en el mercado. La segunda pregunta es si existe voluntad real ahora de atajar el problema. La respuesta es similar: No, porque Hacienda quiere mantener sus ingresos y Sanidad actúa como comparsa. Pese a que el sector sanitario se desgañita lanzando alertas, ambos ministerios miran para otro lado y permiten que la industria tabaquera campe a sus anchas con vapeadores, cigarrillos electrónicos y otros productos diseñados para ingresar a nuevos adictos en el club de los fumadores.
PREGUNTAS CON RESPUESTA
¿Qué máximo responsable de la fundación de un laboratorio ha recibido un “toque” de sus superiores por el escaso rédito mediático que consigue con sus actos?
¿Qué mujer médico ha tenido que devolver 5.000 euros a su Colegio? ¿Por qué? ¿Tendría que ser inhabilitada dicha médico?
¿Qué conocido sanitario es lisonjeado por muchos de sus compañeros bajo la creencia de que un familiar suyo sustituirá a Ángel Garrido en la Comunidad de Madrid?
¿Qué consejero se pasa más tiempo en Madrid que en su comunidad?
El tabaco, y los porros, perjudica la salud no sólo de los que rodean al fumador sinó también de los que tienen que oler el olor a tabaco, o porros, de sus ropas. Y esto pasa en los bares, aunque fumen en las terrazas, y en los puestos de trabajo, etc. Dejan un olor en sus ropas que echa para atrás. Por eso deberían poder fumar sólo en lugares estrictamente privados y lavar la ropa bien lavada después.