Vaya por delante mi admiración máxima hacia los farmacéuticos, a los que he defendido siempre en las circunstancias más adversas. Creo sinceramente que sin su trabajo, como sin el del resto de los profesionales del sector, el Sistema Nacional de Salud habría dejado de ser hace años el referente mundial del que hablan la revista The Lancet o, más recientemente, la agencia Bloomberg.
Gracias a ellos y a la modélica distribución que les sustenta, por ejemplo, los pacientes reciben en un tiempo récord, por recóndito que sea el punto de la geografía española en el que se encuentren, el medicamento más raro que pueda imaginarse. Gracias a ellos, el sistema ha logrado también capear la crisis, al actuar sus farmacias como entidades financieras que no cobraban interés a la administración pública por los productos que le suministraban. Y gracias a ellos se evitan miles de asistencias innecesarias al médico y, por tanto, el colapso de las consultas.
Dicho esto, conviene sin embargo no perder la perspectiva. En su lucha por mejorar la rentabilidad perdida por culpa de los raquíticos márgenes que les han dejado el Ministerio y las consejerías, así como por ampliar los servicios que ofrecen al ciudadano para espantar con ellos a los espíritus liberalizadores, a los colegios y sociedades que representan a los farmacéuticos se les ha ido la mano con la atención domiciliaria. Tanto, que las enfermeras se han llegado a soliviantar con toda la razón del mundo, y los médicos podrían hacerlo en breve.
La ley de Madrid, similar a la que están fraguando otras comunidades, permite en casos tasados que el boticario acuda a la farmacia de un colectivo restringido de pacientes para efectuar su seguimiento terapéutico y verificar de paso su estado de salud. ¿No competen estas labores a los médicos y las enfermeras? ¿No abre la puerta esta ley a que el boticario “coloque” sus productos directamente en los hogares? ¿Qué garantías hay de que los boticarios contribuirán a un uso racional de los medicamentos con su actuación en este ámbito? ¿Puede existir usurpación de funciones, como denuncian las enfermeras? ¿Y una privatización encubierta del sistema? ¿Cobrarán una retribución por efectuar este servicio? Afortunadamente, la Consejería de Sanidad Madrid no ha desoído la lluvia de críticas y ha decidido formar una comisión profesional para delimitar bien la ley, un texto que, hasta la fecha, deja muchas más sombras que luces.
El problema de la enfermería es que, además, llueve sobre mojado. Desde hace años, la prescripción alternativa de productos duerme el sueño de los justos por culpa de la torpeza oficial en algunos casos y de los rápidos relevos ministeriales producidos, en otros. Desidia a la hora de adoptar decisiones cuando les benefician porque son legítimas, e inusitada agilidad cuando les perjudican pueden llevar a este colectivo profesional a rebelarse justamente contra las autoridades.
PREGUNTAS CON RESPUESTA
¿Qué parlamentario socialista brindó en un bar con cinco representantes del sector por la salida del Ministerio de Carmen Montón, con la que no congeniaba?
¿Cómo puede llamarse “de Farmacia Comunitaria” una sociedad científica, si no existe dicha especialidad?
¿Qué personaje del sector amigo de los despidos acaba de cesar a su persona de confianza en Barcelona porque “ha perdido su confianza”? ¿Qué nuevo problema se le viene encima a dicho personaje?
¿Qué conocidas directivas del sector han formado un grupo de mujeres sanitarias que organiza “quedadas” periódicamente, en las que los hombres están excluidos?
¿Qué laboratorio vive momentos de tensión interna porque no logra enderezar el rumbo?
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