Andalucia y Cataluña son dos universos paralelos en el gran reino de taifas en el que se ha convertido España. En la primera comunidad, las urnas han materializado un cambio político sin precedentes que puede llevar a la derecha a tomar el poder después de 40 años de monopolio socialista. En la segunda, el hastío de la población por el “procés” se está trasladando también al terreno profesional y ya son riadas los sanitarios que protestan por la deteriorada situación laboral reinante. La tónica común del desencanto en ambas autonomías procede de una insuficiencia financiera ya crónica cuya responsabilidad no es atribuible al Estado central, sino a las decisiones adoptadas por los gobiernos regionales a la hora de distribuir sus propios fondos y a erráticas decisiones económicas del pasado.
La Junta de Andalucía está siendo desde hace años la región que menos dinero dedica a cada paciente -apenas 1.155,15 euros al año, según los presupuestos de 2018-, mientras que Cataluña es la segunda peor en este sentido, al dedicar sólo 1.174,79 euros. Ambas se sitúan muy por debajo de la media nacional, que se sitúa en 1.306,75 euros, y del territorio más generoso, el País Vasco, que invierte 1.675,96 euros por enfermo. Tal vez más grave que estos datos sean los correspondientes a la fracción del presupuesto de cada región que va a parar a Sanidad. Andalucía es la tercera peor, al provisionar sólo un 27,85% de sus fondos a este área social, sólo superada por Navarra, que dedica un 25,46% -eso sí, bajo un régimen foral- y por Cataluña, que destina una ridícula tasa del 23,32%.
El resultado de esta racanería presupuestaria encuentra traslado en medidas absurdas como las subastas, que en Andalucía han privado a sus ciudadanos del acceso a marcas de medicamentos a las que sí tienen derecho españoles de otras regiones vecinas y no vecinas, o en el deterioro asistencial que se materializa en las listas de espera. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, el tiempo medio de espera para una operación en el conjunto del país es de 93 días. En Cataluña la demora se dispara hasta los 132 días, mientras que en Andalucía, apenas llega a los 73 días. Sorprendente, si se tiene en cuenta la carestía presupuestaria de esta región y su escaso apego a colaborar con la privada, más allá de su relación de amor idílico con la empresa Pascual.
En lo que respecta al número de pacientes, la situación cambia. En esta última región, 65.815 ciudadanos esperan pasar por el quirófano en alguno de los principales procesos. En Cataluña, la cifra se dispara hasta los 154.686 enfermos. Muy por debajo de ellas se sitúan feudos como Murcia, con 52.407 pacientes en esta situación, o Madrid, con 52.407. La sanidad padece, en definitiva, en ambos feudos, la nefasta gestión que han arrastrado sus gobernantes.
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