Falta dinero en la sanidad. Con lo que hay, no llega, y a la vista está. Se necesitan, por ejemplo, profesionales de toda clase y condición en primaria y especializada. En algunas especialidades médicas la carencia es un drama, y en enfermería, el déficit alcanza dimensiones siderales. El consenso apunta a que serían necesarias 100.000 enfermeras adicionales para garantizar la asistencia en tiempo y forma a los pacientes, es decir, con la máxima celeridad y calidad que se merecen.
Tampoco parecen sobrar fondos para la incorporación de las innovaciones terapéuticas. Los retrasos van acortándose, según el Ministerio de Sanidad, pero se antojan en cualquier caso insostenibles al superar los 180 días marcados por la legislación vigente. Esta tensión creciente entre una demanda casi infinita de atención sanitaria y unos recursos limitados por razones presupuestarias se palpa también en la construcción a cuentagotas de nuevos hospitales y en la reforma de los ya existentes, y se refleja en las listas de espera y, con toda probabilidad, en las agresiones a los trabajadores del sistema. La situación en este punto es límite y urge un plan de choque urgente, a la vista de los datos oficiales del propio Ministerio y los recabados por las principales corporaciones profesionales.
Dicha tensión se intensifica por tres factores: el envejecimiento de la población y la consiguiente cronificación de las patologías; el deterioro paulatino provocado por el tiempo en los activos asistenciales, y una presión asistencial adicional generada por factores exógenos al incremento de la edad. Este punto merece una reflexión profunda, al hilo de la universalización sanitaria que va a impulsar el Ejecutivo de forma paralela a la regularización de inmigrantes. Inobjetable desde el punto de vista de la Salud Pública, porque puede servir para prevenir enfermedades importadas y transmisibles, ha de ir acompañada en cualquier caso de una inyección financiera extra para que la prestación no dispare aún más las listas de espera y cuente con todas las garantías exigibles.
¿Puede el sistema sanitario soportar un incremento de la población protegida en 1,5 millones de personas? Es probable que sí. ¿Deberá para hacerlo disparar los tiempos de respuesta? Es probable que también, porque dar lo mismo a más gente con el mismo dinero resulta imposible. La importancia de este asunto trasciende la posibilidad de un acuerdo en el seno del propio Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y debería abordarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el máximo órgano de coordinación económica del conjunto del Estado. Si la apuesta es aumentar la población protegida por razones humanitarias y salubristas, deberá ir acompañada de más fondos y de un profundo debate acerca de dónde poder obtenerlos, porque para todo no hay suficiente.
PREGUNTAS CON RESPUESTA
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