España es una sociedad envejecida. Se hace mayor casi al doble de velocidad que el promedio de la Unión Europea y a la vuelta de la esquina, en 2050, aproximadamente el 40% de su población superará los 65 años de edad. Para ese año, se estima que por cada cien personas en edad de trabajar habrá alrededor de 70 personas dependientes de 65 años o más ¿Qué hacer ante este fenómeno en apariencia imparable?
Caben dos opciones: o ponerse de perfil y confiar en que la llegada de inmigrantes rejuvenezca por inercia el país, o ponerse a actuar ya. Si se elige esto último, que es lo deseable, harán falta cambios radicales en las políticas públicas, nuevas estructuras asistenciales en todo el país y, sobre todo, profesionales cualificados.
El informe sobre la necesidad de proteger la presencia de enfermeras en centros residenciales para mayores en situación de dependencia en España, que acaba de elaborar el Consejo General de Enfermería, ahonda en las necesidades requeridas, si lo que se pretende realmente es garantizar la calidad y continuidad de la atención sanitaria de esa población envejecida que no precisa el ingreso en un hospital de agudos, pero sí cuidados especializados. El documento constata que diferentes colegios profesionales alertan ya de la falta actual de enfermeras en estos centros, del intrusismo profesional y del grave riesgo asistencial derivado. También ofrece datos reveladores de la situación que no son nada fáciles de recabar por su enorme dispersión o la ausencia de los mismos, algo inexplicable en una sociedad de la información como en la que vivimos. En total, en 2024 había algo más de 356.000 personas mayores alojadas en dispositivos residenciales públicos, privados y concertados, lo que equivale al 4,8% de la población mayor de 65 años. Son un 12% más que en 2019, incremento imputable al propio envejecimiento poblacional y a las enfermedades crónicas.
¿Hay suficientes enfermeras para atenderles? No lo parece. Un estudio sobre residencias en Cantabria señala, por ejemplo, que el 24,1% de los centros no disponía de ninguna en su plantilla. Las consecuencias de esta carencia en España pudieron apreciarse en toda su magnitud durante la pandemia, en donde el menor número de enfermeras se asoció a una mayor tasa de mortalidad y a posibilidades más altas de sufrir un deterioro en los resultados de salud de los residentes. Otro estudio profundiza por su parte en el impacto de la precariedad laboral: una mayor rotación en las plantillas se vincula con más residentes con deshidratación, reposo en cama y uso de antipsicóticos.
Ante estos y otros desafíos, el informe destapa la inexistencia de normativa que ampare la presencia de enfermeras en centros residenciales y los factores estructurales no abordados que se asocian a la escasez de enfermeras, y propone soluciones urgentes, que pasan por mayores contrataciones y equiparaciones laborales con respecto al sistema sanitario público como medidas prioritarias. Hay que hacerlo ya.
PREGUNTAS CON RESPUESTA
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