La Sanidad pública está sufriendo en España un deterioro sin precedentes a medida que transcurre la pandemia de COVID-19. Las voces de alarma de expertos y profesionales no han parado de crecer a lo largo de los últimos meses y los diferentes indicadores confirman esta pérdida de calidad a la que nadie parece poner remedio. Uno de los más ilustrativos al respecto es el de las listas de espera para intervenciones quirúrgicas y consultas diagnósticas.
A fecha de junio de 2021 -la última de la que existen datos-, los ciudadanos se veían obligados a aguardar una media de 121 días para someterse a una operación, aunque en comunidades como Castilla-La Mancha y Aragón le demora llegó a alcanzar los 189 y los 166 días, respectivamente.
Al margen del impacto de la crisis del coronavirus en estas estadísticas, que lo ha tenido, detrás de ellas subyacen la mejor o peor forma de gestionar los recursos sanitarios en cada territorio y la falta global de fondos para atender a una población cada vez más envejecida. Las partidas que el Gobierno ha destinado para compensar los gastos extra ocasionados por el COVID-19 tampoco parecen suficientes para revertir la situación y el porcentaje del PIB dedicado a la Sanidad no es el prometido al inicio de la legislatura.
Si nos vamos a las consultas externas, el tiempo medio de 90 días para entrar en ellas da fe del verdadero via crucis que sufren los enfermos para poderse recuperar de su patología. Otro factor que refrenda este deterioro y que muestra que no se trata de algo coyuntural motivado por la pandemia sino que goza de características estructurales es el relativo a la aprobación de los nuevos medicamentos en España.
El retraso que acumulan algunos verdaderamente innovadores es tal, que nuestro país empieza a alejarse del nivel de los estados de referencia en Europa como Alemania, Francia o Italia. “Tenemos un problema estructural en el procedimiento de evaluación y financiación, que no es ágil como el de los países con los que nos debemos comparar”, apuntó al respecto el director general de Farmaindustria, Humberto Arnés, en la jornada Cancer Now de la Fundación para la Excelencia y la Calidad de la Oncología (ECO).
Esta circunstancia es fruto de la insuficiencia presupuestaria y viene aquejando al sistema desde antes de la llegada del coronavirus. En 2019, por ejemplo, sólo un 50% de los fármacos aprobados por la Agencia Europea del Medicamento eran aprobados posteriormente por España y el tiempo medio de financiación y acceso en nuestro país superaba los 400 días, frente a los 120 de estados como Alemania. La situación ahora es peor. El deterioro tiene traslación también en las plantillas tras dos años de lucha contra el virus. Los sanitarios están hastiados y con razón. Como no hay fondos, no se contrata y la sobrecarga asistencial se come la ilusión de los que constituyen la verdadera base del sistema.
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Autor Sergio Alonso
Fundador y director del suplemento A tu salud del diario LA RAZÓN