Las enfermeras viven una situación extrema. Es triste decirlo, pero han pasado del aplauso al olvido. Se hallan en una situación insostenible que está provocando algo impensable para una profesión tan vocacional, como es el abandono. Cunde la desilusión y el desánimo, acompañados de hastío, cansancio extremo y cuadros de trastornos relacionados con la salud mental más que preocupantes.
La presión asistencial y de todo tipo a la que están sometidas las enfermeras es una situación que viene de muy atrás y que desde hace dos años se ha agravado por la pandemia del COVID. España sufre un déficit crónico de enfermeras que pone en peligro el sistema sanitario y el bienestar de una sociedad cada vez más envejecida y aquejada de enfermedades crónicas, unos ciudadanos con una creciente necesidad de cuidados. De verdad, no podemos estar tan alejados de países de nuestro entorno y nivel socioeconómico como Reino Unido o Francia.
Las autoridades sanitarias van a ser testigos en los próximos meses de una movilización profesional sin precedentes, porque las enfermeras no quieren homenajes estériles y buenas palabras cuando se consiente la existencia de un régimen laboral precario e inestable que revienta a sus profesionales, quieren hechos reales que apuesten por mejorar sus condiciones laborales y su desarrollo profesional, totalmente mermados en los últimos años y por eso decimos basta ya.
La desafección hacia la clase política es manifiesta, tal y como demuestra la macroencuesta que ha realizado el Consejo General de Enfermería. Un suspenso rotundo porque son años de afrentas, de indiferencia, de techos de cristal, de frenar las competencias profesionales… La pandemia sostenida en el tiempo sólo ha sido la puntilla. La mecha ha prendido y ya nadie la puede apagar. Es el momento de actuar y los desoladores datos que ofrece nuestra encuesta evidencian un malestar que se va a plasmar en decenas de miles de voces que van a tomar las calles pronto. Esas miles de enfermeras y otras tantas que no podrán asistir en persona no se merecen el maltrato administrativo —relegadas al grupo A2—, ni el laboral, con contratos efímeros y precarios que sonrojarían a los responsables de la más infame empresa de trabajo temporal (ETT).
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