Los profesionales sanitarios somos hombres y mujeres destinados por elección libre e individual al servicio de otros seres humanos. Unas veces en forma de “acción dirigida a curar” y otras dirigidas al “cuidar”. En muchos casos ambas perspectivas se solapan en eso que denominamos la “atención integral de salud”. No es necesario insistir en que esta última actividad profesional “cuidativa” es la que la sociedad ha encomendado a las enfermeras, de la que nos sentimos orgullosos y hacia la cual dirigimos —o deberíamos hacerlo—, cada vez mayor atención en el orden académico, científico, humanístico y ético.
Es, precisamente por esa concurrencia de valores comunes sobre los que se construyen -o deberían construirse- nuestras respectivas profesiones que se produce -o debiera producirse-una verdadera armonía en el seno del trabajo multi e interdisciplinar. Sólo compartiendo principios y valores podemos garantizar la calidad, la seguridad y la excelencia de la atención sanitaria. Sólo desde ahí podemos situar al paciente en el centro.
Pero un análisis ético de la situación actual nos sitúa ante un horizonte desdibujado de ese “humus” virtuoso exigible a todos aquellos en quienes los ciudadanos depositan nada menos que su constitucional derecho a la protección de la salud. La experiencia acumulada y, sobre todo, la observación atenta de lo que empieza a suceder hoy en algunos sectores sanitarios que, como el farmacéutico, pretenden ampliar su legítima actividad lucrativa invadiendo competencias de otros profesionales, es un buen exponente de ello. Y no sólo esto. Además, con ello, se trata de obtener un beneficio a costa del sistema y de los propios pacientes que ya está -o debería estar- cubierto por la sanidad pública si se brindaran a médicos y enfermeras los recursos necesarios para ello.
Un análisis verdaderamente ético de este asunto nos lleva a afirmar que la solución a los problemas, en este caso, de la Atención Primaria de salud no consiste en favorecer su privatización, volcando recursos económicos en quienes no tienen competencia para abordarlos, sino en dedicarlos a mejorar los ratios y condiciones de aquellos a los que -repito- la sociedad les ha encomendado su confianza.
En el fondo estamos corriendo el riesgo, vistas las cosas con la profundidad que nos brinda este rincón de reflexión ética, de incurrir en un alejamiento progresivo de la esencia genuina de nuestras funciones conducente a un estatus insolidario de deshumanización hoy reconocido y en el que, proyectos como el denominado “farmacia asistencial” constituye un exponente claro de mercantilización de una asistencia que, en todo caso, debería prestarse “aunque no te pagaran por ello”. Entonces sí se cumplirían las notas propias de una verdadera profesión entre las cuales figura, de modo sobresaliente, aquella que afirma que toda profesión, para ser tal, ha de estar más motivada por su compromiso con la causa a la que sirve que por consideraciones de tipo económico.
Y cuando estemos convencidos de esto —y sólo cuando lo estemos— podremos hablar de situar al paciente en el centro, de atender las nuevas demandas de salud y de trabajar en equipo. No nos engañemos, nuestra ética profesional no deja ninguna duda al respecto. El bienestar de las personas no puede ser un artículo de consumo y tanto los profesionales como los responsables de las políticas sanitarias sanitarios debemos dar buen ejemplo de ello.
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