Después de un tiempo de relativa paz social, las relaciones entre la industria farmacéutica que opera en España y las administraciones sanitarias van a volver a tensionarse. A la vuelta de unas semanas, entrados ya en diciembre, los laboratorios deberán abonar a las arcas públicas una nada desdeñable cantidad cercana a los 200 millones de euros como compensación por el gasto farmacéutico, cuyo incremento será superior al del PIB en el presente ejercicio. El pago coincidirá en el tiempo con el fin del acuerdo que Farmaindustria y el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro suscribieron con el objetivo de fijar un horizonte de vínculos entre ambas partes predecible y, sobre todo, estable.
Varios son los factores que empujan a aventurar que la renovación del mismo no será automática, sino que llevará aparejada cargas adicionales para las empresas y provocará turbulencias en el sector. El primero, y principal, es la falta de rigor de las cuentas enviadas por el Gobierno a la Comisión Europea. Aunque no haya nuevos Presupuestos y deban prorrogarse los actualmente vigentes, nuestro país deberá procurarse ingresos extra para costear las “políticas sociales” con el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez espera mantenerse en el poder. Subir el sueldo a los funcionarios, incrementar los permisos de maternidad y elevar las pensiones obligará a Hacienda a aprobar gran parte de las subidas de impuestos programadas, pero, como apuntan los principales organismos evaluadores e intuye el propio Ejecutivo comunitario, el dinero recaudado por esta vía no dará para compensar el incremento del gasto público, dado el escaso impacto recaudatorio que, por ejemplo, tendrán la tasa Google y otros tributos de nuevo cuño. No son pocas las voces en el Gobierno que ya han apuntado en privado la necesidad de recabar cantidades extra por la vía de otros sectores, y el sanitario y, más concretamente, la industria farmacéutica, se encuentran entre ellos.
A la intranquilidad que impera estos días entre los laboratorios contribuye también el mutismo de los Ministerios de Sanidad y de Hacienda en todo lo tocante a la renovación del pacto con Farmaindustria. Al cierre de esta edición, ninguno de ellos se ha pronunciado sobre el particular. Tampoco juega en favor de las compañías la riada de revolucionarias moléculas que empiezan a llegar al mercado. Las terapias Car (Chimeric Antigen Receptor), que modifican genéticamente las células defensivas del propio paciente para que ataquen y destruyan las células tumorales, son un ejemplo de ello. marcarán un antes y un después en el campo de la hematología, pero su alto coste, de alrededor de 300.000 dólares por paciente en Estados Unidos, desatará tensiones en las autonomías y forzará al Gobierno a mover ficha. Se atisba, pues, un invierno duro para el flamante presidente de Farmaindustria, Martín Sellés.
PREGUNTAS CON RESPUESTA
¿Qué acontecimientos empresariales juegan en contra de un serio aspirante a suceder a Humberto Arnés en la dirección general de Farmaindustria, a la vuelta de unos años?
¿Qué circunstancia relacionada con un país suramericano es la razón principal de la desavenencia entre el presidente de un consejo profesional del sector y el presidente de un importante colegio provincial?
¿Qué fundación del sector sanitario ha desaparecido de la noche a la mañana? ¿Por qué?
¿Qué dirección general del Ministerio está en modo “no sabe, no contesta”, soliviantando a los que deberían ser sus interlocutores en el sector?
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