Algunas de las circunstancias más execrables de toda la pandemia se han producido en torno a la compra de materiales y equipos de protección contra el COVID-19. La ineptitud exasperante de las autoridades que ocupaban el Ministerio de Sanidad en febrero de 2020, haciendo oídos sordos a las llamadas de alerta y al aprovisionamiento que había lanzado la Organización Mundial de Salud (OMS), dejó a España sin EPIS, guantes de nitrilo, batas, respiradores, mascarillas y otros elementos claves para frenar el avance del virus, mientras miles de infectados empezaban a agolparse a las puertas de los centros de salud y hospitales.
Cuando el Gobierno quiso reaccionar, ya era tarde. El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), el órgano al que se le encomendaron de forma errónea las gestiones de las compras, era y sigue siendo una suerte de cementerio de elefantes y entre sus integrantes no destacaba precisamente ni el dominio del inglés ni el conocimiento de los mercados internacionales. El resultado fue un caos absoluto que forzó a las autonomías y otras administraciones a lanzarse por su cuenta en busca de proveedores.
Cómo sería el desbarajuste, que otros ministerios del propio Gobierno optaron por efectuar contratos al margen del Ministerio de Sanidad, cuya inoperancia manifiesta en esos inicios catastróficos fue premonitoria de lo que sería su actuación durante toda esta crisis. La semilla para el desembarco de crápulas, usureros y demás ralea que se aprovecha de la desgracia ajena estaba sembrada. Al calor de la necesidad perentoria de protectores contra el COVID-19 y de materiales para asistir a los pacientes irrumpieron varios tipos de proveedores: hubo muchos honestos, que además de buscar un razonable beneficio, trataban de ayudar o “arrimar el hombro”, aplicando el lenguaje marketiniano de Moncloa. Otros intentaron hacer su agosto, pero limitándose a aplicar las más elementales normas de mercado para beneficiarse: dispararon los precios en un intento de conciliar las escasas unidades disponibles con la elevada demanda. Otros, no pocos, simplemente se lucraron muy por encima de esas condiciones anómalas de mercado, sirviendo incluso materiales defectuosos o inservibles a los servicios de salud.
En todos estos casos, las alarmas saltaron cuando los proveedores eran elegidos a dedo, sin concurso, en procesos negociados y sin publicidad. El Ingesa se sirvió mucho de estos procedimientos y se produjeron casos tan sangrantes como la publicación en el BOE de las compras con meses de retraso, la adquisición de productos a empresas de domicilio desconocido y la de otros que nunca llegaron pese a anunciarse que pronto lo harían. También se compraron centenares de ventiladores inservibles para las UCIS. Todavía se esperan las explicaciones al respecto de Salvador Illa, el peor ministro de Sanidad de toda la democracia. Llama la atención que los que condenan algunas de las execrables compras a las que dio el visto bueno el Ayuntamiento de Madrid callen de forma miserable ante otras mucho peores que protagonizó el inoperante Ministerio.
PREGUNTAS CON RESPUESTA
-¿Qué cuadros intermedios del Ministerio de la época de Illa han caído en desgracia desde la llegada de Carolina Darias y su equipo? ¿Por qué?
-¿Qué mujer con pasado en Moncloa en el Gobierno de Sánchez está tratando de tender puentes con el equipo de Alberto Núñez Feijóo en Galicia para encontrar acomodo si el gallego desembarca en Moncloa?
.¿Qué ex consejera de Sanidad estuvo a punto de quedarse tirada en un aeropuerto de Mallorca porque un conocido periodista sanitario le “birló” su plaza?
-¿Qué empresa disruptiva pone de los nervios al presidente de un consejo general?
Autor Sergio Alonso
Fundador y director del suplemento A tu salud del diario LA RAZÓN