Llevamos años intentado explicarles a los responsables sanitarios a todos los niveles algo tan obvio y comprensible como que la existencia de enfermeras y enfermeros especialistas implica una mejor atención al paciente. No estamos afirmando que todos los profesionales de Enfermería deban contar con una especialidad, es preciso que la base de la atención esté formadas por una cantidad suficiente -que faltan muchos- de enfermeras y enfermeros generalistas.
Sin embargo, lo que queda fuera de cualquier planteamiento lógico es que si cuentas con un profesional altamente cualificado en un ámbito no aporte todo su conocimiento en esa parcela de la Sanidad en la que se ha focalizado durante dos años de residencia. Desde el Consejo General de Enfermería siempre hemos definido como un “fraude de ley” el formar profesionales con dinero público y luego que el resultado de esa apuesta no repercuta en un beneficio para los pacientes y el sistema sanitario en su conjunto. Ese desperdicio de talento resulta hiriente y ofensivo.
Lo deseable y razonable es que, como afortunada pero excepcionalmente sucede en el caso de las matronas, las enfermeras especialistas en Pediatría traten a los niños y niñas, las de Salud Mental a las personas con trastornos de esta índole o las especialistas en Geriatría a la población mayor, por poner algunos ejemplos.
Como revela el informe que hemos presentado recientemente, a esta incongruencia se suma el hecho de que muchas comunidades ni siquiera han desarrollado -dos décadas después de su aprobación- algunas especialidades en su territorio. Cuando una Administración dice apostar por la enfermería como profesión esencial, pilar de los cuidados, etc… la verdadera dimensión de esa apuesta se refleja en, por ejemplo, la creación de esas categorías y, sobre todo, la vinculación de la especialidad con el puesto de trabajo. Eso, señores, es la APUESTA por la profesión enfermera y su desarrollo no los discursos grandilocuentes, los homenajes y las esculturas.
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