El Gobierno acaba de lanzar al ruedo sanitario dos miuras de enorme peso estructural e ideológico. Se trata de la ley que devuelve la universalidad al sistema -si es que dejó de existir alguna vez sobre el terreno- y la que tratará de meter en vereda la participación privada, o parasitación, según quién opine, en el modelo público. La primera abre la puerta a un mayor número de beneficiarios y a un incremento de la frecuentación, por tanto, de los servicios, especialmente en una atención primaria que ya se encuentra colapsada en casi todo el país, con esperas de hasta nueve días en algunas zonas para casos en apariencia no urgentes.
La segunda va dirigida a cortocircuitar la colaboración público-privada, a acelerar las reversiones y a poner coto a los conciertos. A falta de la letra pequeña, y si finalmente prospera, esta iniciativa obligará, por ejemplo, a las administraciones públicas a construir y gestionar en primera persona los nuevos hospitales que sea menester poner en marcha, y a asumir de forma directa parte del trabajo que ahora deriva, lo que debería redundar a su vez en un aumento del personal y de los recursos físicos existentes, dado que en la actualidad, sin esa sobrecarga de trabajo, la capacidad del sistema revela severas limitaciones, como demuestran las listas de espera, en niveles récord en todo el país. No corresponde a este artículo enjuiciar ambas normas. La primera no dejaría a nadie sin sanidad, lo que parece acorde con una sociedad garante de los más elementales derechos humanos, aunque harán falta más recursos para ejecutarla y evitar que la saturación devenga en colapso. La segunda reinstaura un modelo eminentemente público, renunciando al posible oxígeno proporcionado por agentes externos. Una opción respetable, siempre que el enfermo al que se pretende salvar no termine finalmente asfixiado.
En el aire, quedan numerosas dudas que convendría resolver a la mayor celeridad. ¿Con qué recursos adicionales contarán las administraciones sanitarias para soportar un exceso de la demanda y de la carga de trabajo como los que se derivarían de ambas normas? ¿Qué partidas presupuestarias serán las elegidas para obtenerlos?, ¿las pensiones?, ¿el fondo previsto para pagar los intereses de la deuda?, ¿la parcela militar?, ¿la educación? Otro hito a destacar es que en medio de esta maraña normativa que se avecina, no han salido aún a la luz reformas estructurales que apuntalen realmente el modelo público para sacarlo del atolladero en el que está sumido. ¿Piensa acaso el Gobierno que la universalidad y el arrinconamiento de la sanidad privada bastarán por sí mismos para devolver el vigor a un modelo en horas bajas, con profesionales hastiados y pacientes ninguneados? Al margen de ideologías, la experiencia ha demostrado que normas como el Estatuto Marco, o la Ley de Cohesión y Calidad están ya agotadas. Tal vez lo más idóneo habría sido empezar por las reformas.
Preguntas con respuesta
- ¿Qué conocido médico está muy enfadado con el Ministerio de Sanidad? ¿Por qué?
- ¿Qué consejero de Sanidad del PP de una autonomía que no es Castilla y León está en Babia, para desesperación de sus compañeros de partido?
- ¿Qué informe que desnuda algunas de las vergüenzas de la sanidad pública en España se presentara después de las europeas, en lugar de antes? ¿De quién ha partido la decisión?
- ¿En qué compañía farmacéutica impera un clima enrarecido y ya están produciendo por ello bajas voluntarias, alguna sonada?
Autor Sergio Alonso
Fundador y director del suplemento A tu salud del diario LA RAZÓN