La legislación sanitaria española arrastra lagunas verdaderamente inexplicables desde tiempos inmemoriales. Puede apreciarse estos días con la crisis del crucero con hantavirus. Seis años después de la pandemia de COVID, nuestro país carece, por ejemplo, de unos estatutos que permitan poner en marcha la Agencia Estatal de Salud Pública prometida en 2020, no existen garantías jurídicas suficientes para imponer cuarentenas de manera urgente y faltan protocolos permanentes para proceder a los traslados de personas infectadas y para reforzar la seguridad de los profesionales que han de diagnosticarlas y tratarlas.
Por no haber, no existe todavía ni una reserva estratégica de materiales y equipos que eviten la desprotección de los sanitarios y de la población por la que velan. Menos mediáticos, pero no por ello intrascendentes son los vacíos legislativos en otras áreas fundamentales para apuntalar la arquitectura sanitaria de todo el país. Uno de ellos lo acaba de destapar el Tribunal Superior de Justicia de Baleares al anular una resolución de septiembre de 2019 por la que se nombraba a una enfermera directora de la Zona Básica del Centro de Salud de Sa Torre, en Mallorca.
¿Ha sido arbitrario este fallo? No. Simplemente ha hecho una interpretación de la normativa que consagra una injusticia manifiesta: la que mantiene a la enfermería en la categoría A2 de la Administración cuando, por formación y competencias, debería formar parte del grupo A1. Este hecho obstaculiza su acceso a puestos para la que está sobradamente preparada. ¿Por qué puede tener un cargo directivo en cualquier nivel asistencial un economista, un abogado o un periodista y no una enfermera? ¿Por qué no cambia la ley básica que ampara tal irregularidad manifiesta?
El Consejo General ha recordado innumerables veces que desde el año 2010 la división en licenciados y diplomados que justificaba la pertenencia a diferentes subgrupos no existe, pues para ser enfermera en España se exige un grado universitario de 240 créditos, de la misma forma que a otras profesiones ya encuadradas en el Grupo A1.
¿Por qué otras profesiones sí forman parte de él y la enfermería todavía no? El fin de este anacronismo está entre los objetivos del Ministerio de Sanidad, pero la incomprensión de algunos partidos políticos y la forma de presentar la solución han hecho que se mantenga, dando pie a decisiones como la que acaba de producirse en Baleares. El mismo tribunal subraya que la posibilidad de que el personal del subgrupo A2 tenga acceso al cargo de director de zona básica de salud resulta contraria a la configuración realizada respecto a dicho cargo por la normativa autonómica, primando la elección de un facultativo médico para el cargo. ¿Tan difícil es formular una normativa estatal a la que tenga que acompasarse la normativa autonómica?
PREGUNTAS CON RESPUESTA
¿Qué comunidad cuenta con un plan pionero de preparación y respuesta frente a emergencias de salud pública?
¿Qué consejero de Sanidad del PP estaba a por uvas durante la primera semana de la crisis del hantavirus?
¿Qué ex alto cargo sanitario socialista es muy crítico con el proceder oficial en esta crisis de salud pública?
¿Qué sanitario cuya aportación fue clave en un acto por el que han pasado todos los españoles en los últimos años en los hospitales no sabe utilizar el WhatsApp?
0 comentarios